La senadora coahuilense, Verónica Martínez García, señaló que las reformas que se plantean para transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no solo atentan contra la legalidad y la Carta Magna, sino que representan un agravio contra la soberanía del Senado y la voluntad política que hizo posible las modificaciones constitucionales de 2019 y que se aprobaron por unanimidad en el pleno.
Al emitir su posicionamiento durante la discusión de dichas reformas, la legisladora remarcó que “la seguridad no puede ser el pretexto para violar la ley, socavar poderes ni mucho menos para erosionar al Ejército con tareas que no son de su competencia”, por lo que destacó que su voto y el del Grupo Parlamentario del PRI se dirige en contra de dicha propuesta.
Verónica Martínez dijo que sin escuchar a expertos ni a organismos de la sociedad civil, y sin establecer un parlamento abierto, se pretende aprobar la reforma “al vapor”, lo cual quebranta la responsabilidad del Senado, mientras que el Estado mexicano renuncia a la posibilidad de fortalecer una institución de carácter civil y a la promesa de regresar paulatinamente a las fuerzas armadas a los cuarteles.
Señaló que el gobierno en turno, carece de autocrítica para reconocer que su estrategia de seguridad falló, por lo que “lo primero que tenemos que hacer es un alto en el camino para aceptar que México vive una gran crisis de inseguridad”.
Los resultados, dijo, están a la vista, pues de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los primeros 44 meses de este gobierno suman 127,000 homicidios, más de 2,700 feminicidios y más de 30,000 desaparecidos, la realidad que ocurre en México todos los días.
Dicha realidad se agrava cuando se deja a solas y a su suerte a las policías locales, dijo al señalar que de 2018 a 2022, las aportaciones federales a estados y municipios para seguridad se redujeron un 42 por ciento.
Además, en tres años se eliminó el Fortaseg, que contaba con más de 4,000 millones de pesos para 300 municipios prioritarios, mientras que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año no se incluyó ningún fondo destinado a fortalecer la seguridad de aquellos municipios con mayores índices delictivos.
“Por eso, hemos insistido en que la estrategia debe ser el fortalecimiento de las policías locales; en la capacitación, equipamiento, evaluaciones y pruebas de control de confianza y acciones de prevención”, aunado a la coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, a quienes Verónica Martínez expresó su reconocimiento por la gran labor que desarrollan.
Ante el falso dilema de que la militarización es inevitable frente a la inseguridad, la senadora puso el ejemplo de su estado natal, Coahuila, donde gracias a la colaboración de los tres órdenes de gobierno y a la estrategia encabezada por el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, se ha fortalecido el actuar de las instituciones de seguridad.
A través de dicha estrategia, Coahuila es actualmente el tercer estado con menor número de secuestros, el segundo con menos homicidios dolosos, el cuarto lugar con índices más bajos de robo de vehículos y el quinto con menos extorsiones.
“Una política de seguridad es exitosa cuando la gente puede salir a la calle sin miedo, se puede transitar con tranquilidad por las carreteras; cuando hay seguridad hay inversión, empleo y bienestar, es lo que queremos para México”, dijo para concluir.
