Tras la aprobación de la iniciativa presidencial de transferir la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, organismos internacionales advirtieron que en riesgo la garantía de derechos humanos en el País y debe haber una supervisión.
Para Amnistía Internacional (AI), adscribir la corporación a un mando militar viola la Constitución que expresamente establece que debe ser una institución de carácter civil y se contravienen tratados internacionales suscritos por México.
«Lamentamos profundamente la decisión del Senado. Ya hemos visto los desastrosos resultados de la militarización de la seguridad pública en México durante los últimos 16 años», indicó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Ayer, el Senado de la República aprobó la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de transferir la Guardia Nacional, actualmente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Secretaría de la Defensa Nacional y conformar un cuerpo con disciplina castrense.
De acuerdo con AI, entre 2020 y 2022 se han presentado más de mil 100 quejas contra la Guardia Nacional ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la presunta comisión de crímenes de derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos y tortura.
«Las reformas aprobadas por el Senado hoy son las últimas de una serie de leyes e iniciativas que terminan de ceder el control a los militares en el desempeño de funciones de seguridad pública en México desde 2006, en el contexto de la llamada ‘guerra contra las drogas'», señaló.
«Este enfoque militarizado de la seguridad pública ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos. Más de 100 mil personas se encuentran desaparecidas en México, mientras que el Ejército y la Marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos. La Sedena ha sido objeto de más de 4,000 quejas por abusos contra los derechos humanos ante la CNDH desde 2014″, acusó.
Plantean supervisión civil a la Sedena
Por otro lado, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó hoy su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un pronunciamiento, consideró que el debate público de la reforma fue muy limitado.
También manifestó su inquietud por la reciente propuesta priista de permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
«Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México», indicó.
«Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes».
Aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, advirtió, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad.
En cambio, aseveró, se ha registrado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.
«Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas», señaló.
«Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos».
Piden a CNDH presentar inconstitucionalidad
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se sumó al Consejo Consultivo de la CNDH para instar a este organismo a que presente una acción de inconstitucionalidad contra la iniciativa de ley aprobada.
A través de su cuenta de Twitter, la organización ciudadana sostuvo que las reformas avaladas por el Congreso violan el Artículo 21 constitucional y otorgan una militarización de la seguridad pública sin controles.
«En particular, instamos a la @CNDH, que ha (sido) complaciente con el proceso de militarización en curso, a interponer acción de inconstitucionalidad, como ya se lo ha propuesto la mayoría de su Consejo Consultivo», indicó.
