Por Yuriria Sierra
10 a esta resolución
“Las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores…”, resolución de la jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Resolución y orden, porque también desde su escritorio y con el poder que le da la ley y su interpretación ha solicitado inmediata reposición del programa de Escuelas de Tiempo Completo, el eje rector de la demanda interpuesta por el brazo jurídico de Mexicanos Primero, organización civil que, desde hace varios años, no sólo en los que ha operado la Cuarta Transformación, ha puesto lupa en el sector educativo, en sus fallas, que casi siempre son las que sobresalen en este país.
Así, por orden judicial, autoridades deberán restaurar el programa que sirvió durante tantos años para que madres y padres de familia desarrollaran sus actividades sin descuidar el cuidado de los hijos. Porque fue gracias a esta oportunidad que miles de cabezas de familia, mujeres en su mayoría, tuvieron el chance de contribuir con los gastos o asegurar el sustento de casa: “La posibilidad de que (…) desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía…”, como se lee en la resolución.
La cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo en marzo pasado, previo a las movilizaciones del 8M, fue gasolina para las protestas de las mujeres. Razones había muchas, ¿por qué un gobierno que se considera feminista no tomaría decisiones que tienen consecuencias negativas en la vida de miles?
Ya se tenían antecedentes con los programas de las guarderías y los refugios, el cuento de siempre: corrupción y los malos manejos. El mismo programa La Escuela es Nuestra, con el que la 4T sustituyó las ETC, también fue objeto de auditorías que no arrojaron resultados alentadores. Además, nadie al interior del gobierno federal supo responder preguntas: ¿por qué cambiar la configuración del programa? ¿Qué respuesta esperar si la nueva y recién llegada secretaria de Educación no puede atajar nada sobre los nuevos programas de estudio?
Con la resolución de este lunes, el gobierno de México, en sus diferentes niveles e instituciones, deberá adoptar las medidas para otorgar los mismos beneficios que en el programa impulsado desde el gobierno de Felipe Calderón. Otorgar apoyos en mano no es garantía de absolutamente nada, sólo es una operación demagógica con intención claramente electorera, una que piensa en el botín político, no en la afectación de los más de 3.6 millones de estudiantes que recibían ese beneficio, por una decisión que, por fortuna, encontró otra salida. Si hace unos meses hubo quienes retaron esta decisión y ordenaron continuar con el programa, como lo hizo Claudia Sheinbaum en la CDMX, y lo mismo hicieron otras entidades, hoy la falsa idea de mejores condiciones con la llegada de programas de apoyo directo encontró argumentos que la desdibujan. Ahora la tarea es apresurar a las autoridades para que la restitución no se tope con impugnaciones o innecesaria burocracia.
