La militarización del País se ha convertido en un negocio que ha retribuido económica y políticamente a las Fuerzas Armadas en niveles sin precedentes, concluyó México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
En el informe titulado «El negocio de la militarización en México», presentado este miércoles, la organización advierte que tan solo en 2020 y 2021 fueron sobreejercidos 49.6 mil millones de pesos por la Secretaría de Defensa Nacional.
«Las FA han hecho de la militarización su negocio, que funciona gracias a varios elementos. En primer lugar, hay un incremento en los recursos públicos en manos de las FA con el beneplácito del Congreso, a través de las modificaciones presupuestarias o gracias a una transferencia de funciones», señala el documento.
«En segundo lugar, existe un instrumento para opacar el uso de los recursos públicos; los medios varían según el caso, pero pueden ser las adjudicaciones directas, los fideicomisos públicos o la normatividad de seguridad nacional y el acceso a la información».
En tercer lugar, recalca el informe de MUCD, existe la autorización para convertir los recursos en bienes propios o, alternativamente, para que se vuelvan una prestación de la corporación.
«(Hay) un alto nivel de sobreejercicio de recursos, opacidad y riesgo de corrupción en el uso de presupuesto público por parte de instancias militares. Naturalmente la primera pregunta que surge es ¿a dónde se va todo este dinero?», cuestiona.
«Todo apunta a que la gran mayoría de este recurso se destina a una partida específica: aportaciones a fideicomisos públicos. ¿Y a qué fideicomiso se va a el dinero? Al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM)».
Para MUCD, cada peso destinado a los órganos castrenses ha sido un peso menos para las instituciones civiles, lo que las debilita y genera un desequilibrio en las relaciones cívico-militares de las instituciones del Estado mexicano.
Mientras los recursos a cargo de la Sedena han crecido en forma exponencial, alega la ONG, carteras civiles como el gasto de obra pública, protección del medio ambiente, subsidios al campo y fondos federales para seguridad ciudadana, han disminuido o desaparecido.
«La transferencia de funciones, junto con las modificaciones presupuestarias y un alarmante nivel de sobreejercicio de recursos han sido posibles gracias a la laxitud de las normativas de vigilancia, control y rendición de cuentas», agrega.
«A la opacidad de las FA al clasificar y resguardar la información de su uso de recursos por un supuesto riesgo a la seguridad nacional, así como la posibilidad del Poder Ejecutivo de destinar más recursos de los aprobados por el Legislativo sin necesidad de su visto bueno».
Estos elementos en su conjunto, resume el informe, ponen en riesgo la eficiencia de la asignación del gasto, permiten a las FA operar en casi completa opacidad y sin rendición de cuentas, y ponen una gran cantidad de recursos en un altísimo riesgo de corrupción.
«En una democracia el presupuesto público debe atender a los intereses y necesidades de la población de manera transparente y con rendición de cuentas; no hacerlo (…) vulnera los derechos políticos de los ciudadanos y se genera un desequilibrio tanto en las relaciones cívico-militares como entre los poderes ejecutivo y legislativo respecto a la asignación de presupuestos», añade.
