CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión ordinaria, aprobó modificar el artículo 4o. de la Constitución para prohibir que los recursos de programas sociales, otorgados a la ciudadanía por los tres órdenes de gobierno, sean susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones y compensaciones o embargos.
La modificación a la Carta Magna establece que se debe evitar el cobro de deudas fuera de juicio, ya que ello equivale a un embargo de bienes realizado por un particular, sin intervención de las autoridades judiciales, encargadas de dicho proceso.
La diputada Flor Ivone Morales Miranda, de Morena, detalló que existen numerosas quejas hacia algunas instituciones bancarias por descontar a sus clientes, sin previo aviso, recursos provenientes de programas sociales, pensiones y becas. «Lamentablemente es una práctica común de las instituciones financieras».
Jorge Triana Tena, diputado panista, dijo se busca que el apoyo económico, que a veces es la única fuente de ingresos de las familias más pobres del país, «no vaya a ser tomado o retenido por absolutamente nadie, incluyendo el propio gobierno».
Por su parte, la diputada morenista Aleida Alavez Ruiz explicó que el fin es elevar a rango constitucional la protección total de los recursos provenientes de programas sociales. Señaló que no se pretende evitar el cobro de deudas, «lo que busca es que las instituciones financieras no utilicen los fondos».
La diputada Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, enfatizó en que nadie puede quitarle los apoyos económicos que reciben las personas con discapacidad permanente, las mayores de 78 años e indígenas, afromexicanas de 75 años y los estudiantes de todos los niveles de educación pública.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 459 votos a favor, la modificación al artículo 4o. de la Constitución.
