Monterrey.— Hace seis meses, Debanhi Escobar Bazaldúa salió de su casa por última vez y nunca más volvió. Fue localizada sin vida 13 días después en el fondo de una cisterna del motel Nueva Castilla, sin que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) haya podido explicar cómo llegó hasta ese lugar.
La dependencia cuenta con 20 tomos de la carpeta de investigación, pero para Mario Escobar, padre de la joven, fue un trabajo inútil y de poca confianza.
La falta de una explicación coherente de lo que ocurrió con Debanhi la noche del 8 de abril llevó a don Mario a exigir que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual ocurrió el pasado 29 de septiembre, con el fin de que se conozca la verdad sobre el feminicidio de su hija.
En estos seis meses, Mario Escobar pasó de tener absoluta confianza en la fiscalía de Justicia local a exigir la renuncia o cese de su titular, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, y de la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinoza, además de pedir que se abriera una carpeta en contra de los servidores públicos responsables del caso por sus omisiones, negligencia, dolo o encubrimiento.
El pasado 5 de octubre, una semana después de que la FGR atrajo el caso, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero presentó su renuncia, argumentando su jubilación tras haber cumplido más de 40 años de laborar en la dependencia y el Poder Judicial.
Tanto Guerrero Gutiérrez como Núñez Espinosa avalaron la versión de que la muerte de Debanhi fue accidental por contusión profunda de cráneo al caer en la cisterna del motel Nueva Castilla, con base en una necropsia del Servicio Médico Forense (Semefo) de la fiscalía estatal.
Ante las inconsistencias y dudas que generó el estudio, los padres de Debanhi solicitaron un peritaje externo, donde se asentó que la joven murió asesinada, como lo confirmó una segunda autopsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México y un perito internacional de ONU-Mujeres, en que el resultado fue que Debanhi murió de asfixia por sofocación.
“Gastaron tiempo, dinero y esfuerzo”.
Mario Escobar Salazar, papá de Debanhi, aseguró que ahora que la investigación está a cargo de la FGR espera saber quién o quiénes le quitaron la libertad y la vida a su hija para tener justicia y tener una certeza ciudadana de que se pueden hacer las cosas bien.
A medio año del inicio de su tragedia, don Mario lamentó que en la fiscalía estatal no se hayan movido para investigar al personal del motel Nueva Castilla, pues lo debieron haber hecho hace cinco meses.
“Fueron unos inútiles y no hicieron lo que debían. Gastaron tiempo, dinero y esfuerzo en algo que no fructificó y pareciera que están ocultando algo”, afirmó Mario Escobar.
El padre de la joven indicó que ni él ni su esposa, Dolores Bazaldúa, se van a detener “para encontrar a las personas que obstruyeron la justicia y la carpeta de investigación; que filtraron información que estaba en cadena de custodia”.
Cuestionó que en seis meses la fiscalía estatal no logró imputar a una sola persona por la desaparición y el feminicidio de su hija, a pesar de que presume un gran trabajo con la participación de mucha gente.
“Todavía no nos cae el 20 de que Debanhi no está. Creemos que está de viaje y que no ha regresado. Para nosotros es como si fuera ayer todavía. Vamos a recordar que siempre estuvo con nosotros y que siempre fue amada; se le va a extrañar por toda la vida”, lamentó.
Visibilidad e impunidad
“La desaparición y feminicidio de Debanhi Escobar, por un lado, al haber sido un caso tan mediático, permitió visibilizar estos dos graves problemas [desaparición y feminicidio], pero eso no bastó para que la Fiscalía de Nuevo León lograra imputar a un solo responsable”, consideró Angie Orozco, integrante de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FundeNL).
La activista reprochó que miles de desapariciones y múltiples feminicidios siguen sin resolverse desde hace más de 10 años a la fecha, “y lo más grave es que esos delitos no paran”.
Orozco indicó que el caso Debanhi es un claro reflejo de las omisiones o fallas que han venido cometiendo los servidores públicos de la hoy fiscalía y antes Procuraduría General de Justicia del Estado, desde el proceso de búsqueda, al momento de la localización, si la víctima es hallada sin vida, en la identificación y en la restitución de los restos y reparación de daños a los familiares.
La activista puso como ejemplo el caso de Brenda Damaris González Solís, una joven de 26 años, desaparecida el 31 de junio de 2011 en el municipio de Santa Catarina, presuntamente por agentes de la Policía y Tránsito municipal, después de un accidente.
En octubre de 2012 fueron localizados los restos de Brenda Damaris González y entregados a su familia; sin embargo, debido a las omisiones en la búsqueda e investigación y las irregularidades en el hallazgo, con autorización de la entonces procuraduría de justicia, se practicó la primera exhumación independiente en Nuevo León, a fin de confirmar que realmente se trataba de la joven desaparecida.
A 11 años de distancia de ese caso, la familia González Solís sigue sin recibir la verdad y justicia, pues no se sabe quiénes fueron los perpetradores de su desaparición y feminicidio; ambos delitos permanecen impunes.
“Con Debanhi van seis meses sin justicia, a pesar de toda la atención de la sociedad y los medios y todo el supuesto trabajo de las autoridades. Vemos que las cosas se repiten, vemos en este caso que las autoridades nunca han tomado en serio estos graves delitos y por lo tanto no han tomado las medidas necesarias para enfrentarlos y erradicarlos”, explicó la activista.
Señaló que fue evidente una vez más que si la gente no protesta y no busca a sus familiares, las autoridades no se mueven.
“Por eso las familias como el caso del colectivo FundeNL, que se formó por familiares de desaparecidos, se han visto en la necesidad de organizarse para salir a buscar a sus seres queridos, haciendo el trabajo que corresponde a la fiscalía y a la comisión local de búsqueda”, subrayó.
Sobre la renuncia del fiscal estatal, la activista afirmó que era de esperarse, pues durante toda su gestión minimizó las desapariciones y estigmatizó en su discurso a las personas desaparecidas y víctimas de feminicidio.
“En los cuatro años que estuvo como fiscal, únicamente recibió a FundeNL dos veces. Una de ellas, al inicio de su gestión cuando le presentaron un panorama de la gravedad de las desapariciones; se mostró extrañado, totalmente ajeno, pues parecía desconocer lo que pasaba en Nuevo León”, expuso la activista.
En los casi seis meses que la fiscalía de Nuevo León llevó el caso Debanhi hubo 186 intervenciones, es decir, actos de investigación entre visitas a lugares, domicilios, cateos inspecciones, fijación de indicios y acciones requeridas en diferentes etapas.
Se elaboraron 56 informes y 132 dictámenes por personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales en Criminalística de campo, laboratorios de huellas, química, entre otros.
Sin embargo, a pesar de los números que presume la dependencia, no hay detenidos, ni se sabe cómo fueron los últimos días de Debanhi.
