Pascal Beltrán del Río
CNDH: la zombificación
Se ha olvidado de su propósito y funciones para sumarse a la infantería del gobierno en su guerra contra el INE.
Ayer se cumplieron tres años desde que Rosario Piedra Ibarra asumió el cargo de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En ese lapso, el organismo autónomo ha abandonado su papel de escudo defensor de la ciudadanía frente a la violación de sus garantías y se ha vuelto un ariete del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para arremeter contra quienes éste percibe como sus adversarios.
Nada lo demuestra con mayor claridad que el pleito que la CNDH ha emprendido contra el Instituto Nacional Electoral, al que López Obrador ha convertido en su villano favorito.
Todo comenzó el 28 de octubre pasado, cuando la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Federación su recomendación general 46/2022, en la que dio su apoyo a la transformación del INE, reivindicando el derecho a la democracia como un derecho humano.
Sin embargo, el Consejo Consultivo de la propia CNDH criticó a la presidenta del organismo por dirigir la recomendación al INE y con ello “hacer una serie de interpretaciones políticas” respecto del contenido original de la recomendación, el cual tenía que ver con hechos ocurridos hace más de medio siglo, cuando no existían el INE ni los demás organismos autónomos.
Por su parte, el Instituto recordó a la CNDH que “tiene una prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”. Y esta semana dio a conocer que presentó una controversia constitucional, en la que argumentó que la Comisión violó la autonomía del árbitro electoral.
El INE pidió a la Suprema Corte de Justicia “reconducir el actuar de la CNDH para que ésta se apegue a su fin constitucional, respetando las atribuciones de otros órganos constitucionales autónomos”.
A su vez, la Comisión presentó el 8 de noviembre su propia controversia constitucional en la que afirma que el INE incurrió en una “invasión de la esfera de competencia de este organismo nacional”.
En el texto, sostiene que el Instituto intentó silenciarla “a partir de una interpretación de la ley, que desestima la facultad de este organismo protector de los derechos humanos, en materia de protección de los derechos político-electorales del pueblo de México”, así como mediante declaraciones de su presidente, Lorenzo Córdova, y otros integrantes de su Consejo General.
Este enfrentamiento resulta inusitado y sólo puede entenderse a la luz de la andanada contra el INE que se ha lanzado desde el oficialismo, encabezada por una iniciativa de reforma constitucional que busca sustituirlo por un organismo disminuido en sus facultades y su autonomía.
Pero no es la primera vez que Rosario Piedra es utilizada para golpear al INE. Ya en el proceso para nombrar a cuatro nuevos consejeros electorales, en el primer semestre de 2020 —durante el cual la CNDH nombró, como es legal, a dos integrantes del Comité Técnico encargado de proponer las quintetas que fueron sometidas al voto de la Cámara de Diputados—, la Comisión buscó impedir que los participantes en la selección hubiesen sido parte del Instituto “en los últimos 14 años” —es decir, desde que se llevó a cabo la controvertida elección presidencial de 2006—, y quiso otorgarse la facultad de “vigilar el desempeño” de quienes resultaran elegidos, algo para lo que no está facultada.
Irreconocible, la CNDH se ha olvidado de su propósito y funciones para sumarse a la infantería del gobierno en su guerra contra el INE. Con ello, la ciudadanía no sólo ha perdido un bastión para resguardarse del abuso de poder, sino que la Comisión se ha vuelto en su contra —como ocurre en las películas de zombis con aquellos que reciben la fatídica mordida—, colaborando en los esfuerzos por acabar con la autonomía del órgano electoral.
