Por Pascal Beltrán del Río
Finanzas públicas: los tsunamis que vienen
En su gran trabajo de recopilación y análisis de datos publicado esta semana en Excélsior, mi compañero Paulo Cantillo ha dado cuenta del vertiginoso aumento de los egresos por concepto de pensiones y programas sociales, lo cual acabará por meter en aprietos a las finanzas públicas en caso de que los ingresos no crezcan en la misma proporción.
El sistema de pensiones contributivas se construyó en un tiempo en que la población en edad de trabajar podía sostener sin problema el pago de las jubilaciones, pero pasaron varias cosas: la edad mediana de los mexicanos pasó de 17 años en 1950 a 29 años en la actualidad; la esperanza de vida se incrementó, en el mismo lapso, de 47 a 75 años; la reforma que reconoció que dichos cambios demográficos volvían insostenible el esquema no se realizó sino hasta la década de los 90, y la insuficiente creación de empleos lanzó a millones de mexicanos a la informalidad, lo cual limitó la capacidad de recaudación del Estado mexicano.
El pago de las pensiones contributivas –como las del IMSS, ISSSTE, Pemex y la CFE– ha aumentado 8.8% por año, en promedio, desde 1995. El crecimiento ha sido tan rápido que en 2020 superó el monto de lo que se transfiere por ley a entidades federativas y municipios.
En cuanto a los programas sociales, la presión sobre las finanzas públicas es aún mayor. En los 121 programas y acciones de desarrollo social se ejercerán este año 1.525 billones de pesos, cifra 4.6% superior a lo erogado el año pasado por el mismo concepto.
Uno de ellos es la pensión para adultos mayores, que pasó de 135 mil 194 millones de pesos en 2019 a 248 mil 155 millones de pesos en 2022. Para este año están programados 339 mil 341 millones de pesos. Entre 2018 y 2022, dicho gasto se incrementó 461%, mientras el Presupuesto avanzó 34 por ciento.
Escribe Cantillo: “El incremento del gasto en la pensión de adultos mayores ha estado asociado, por un lado, a la mayor cobertura del programa, pues hasta el sexenio anterior sólo recibían el apoyo quienes no tuvieran una pensión contributiva, situación que cambió en el actual sexenio al universalizarse el programa.
“Y, por otro lado, también ha influido el aumento en el monto de los apoyos, pues en 2018 los beneficiarios recibían mil 160 pesos bimestrales, que habrá aumentado a 4 mil 800 pesos este año, y se prevé que para 2024 el monto sea de 6 mil pesos bimestrales”.
En un país con diferencias sociales tan marcadas como es México, es natural que existan subsidios. Sin embargo, éstos deberían ser para quienes los requieren a fin de afrontar una situación extraordinaria. Tendrían que ser dirigidos, temporales y con resultados medibles y objetivos precisos.
El camino que se ha seguido en México en materia de programas sociales –no solamente en este sexenio, sino en varios que lo precedieron, aunque en el actual se ha exacerbado la tendencia– no sólo no saca a los beneficiarios de la pobreza, sino que pone en duda la capacidad futura de las finanzas públicas para seguir pagándolos. Sobre todo si agregamos a las obligaciones financieras del Estado el servicio de la deuda y el pago de pensiones contributivas.
Estoy de acuerdo con quienes sostienen que el mejor programa social es la creación de empleos. Un trabajo no sólo da a quien lo tiene el poder de decidir sobre su vida, sino que representa una fuente de ingresos para el erario.
Pero quizá de eso se trata: de mantener pobres a los pobres, incluso aumentando el número de mexicanos a los que el ingreso no les alcanza para vivir, a fin de que dependan de la asistencia gubernamental. Y que el día de las elecciones voten por el partido que detenta el poder para no arriesgarse a perder esos beneficios.
Me temo que en la próxima contienda electoral ningún partido se atreverá a decirles la verdad a los ciudadanos: que están gestándose dos tsunamis que podrían arrasar las finanzas públicas –provocados por el gasto en pensiones y programas sociales– y que deben adoptarse medidas responsables para evitarlos.
