CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.-El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), contralmirante Salvador González Guerrero, ordenó dejar encerrados bajo llave a los migrantes el lunes, en pleno incendio de la celda en la que estaban recluidos, acusó un abogado defensor de las víctimas de la tragedia.
Jorge Vázquez Campbell, abogado de las víctimas de la tragedia en el edificio del INM en la que ya van 39 fallecidos, inculpó directamente al funcionario.
«(González) Lo hizo por teléfono, le hablaron y le avisaron», afirmó en entrevista con Grupo REFORMA, «y dijo que ‘no no, no les abran las rejas, déjalos’. Que los dejaran ahí muriéndose».
El abogado presentó un demanda por escrito en la delegación de la FGR.
«Fui informado por clientes…», dice en su escrito, «que el titular Salvador González Guerrero fue quien dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera las puertas por ningún motivo.
«Teniendo (esta orden) como consecuencia la muerte de personas que no cometieron delito alguno», agrega, «pues una falta administrativa como lo es estar de forma ilegal en el País no es razón para mantenerlos privados de su libertad y mucho menos permitir que mueran de esa manera».
Vázquez también culpó a Daniel Goray Yosioka, titular del centro de detención provisional del INM en Juárez, de armar una red de corrupción en contra de los migrantes, a los que amenazan con tenerlos detenidos por más de seis meses o dejarlos incomunicados si no pagan una cuota de salida de 500 dólares.
En CDMX, a dos días de la tragedia y luego de que funcionarios del Gabinete repartieron culpas, el Gobierno federal por fin dio un reporte sobre la muerte de 39 migrantes, aunque se guardó información y dio largas.
La titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, reportó que ocho empleados (agentes migratorios y guardias) y un migrante son señalados como presuntos responsables pero no los identificó.
Sara Herrerías, de la FGR, informó que solicitarían cuatro órdenes de aprehensión contra el migrante, dos guardias privados y un agente migratorio. No se habló de castigo a superiores.
Rodríguez se negó a aclarar por qué estaban encerrados, quien dio la orden de no auxiliarlos mientras ocurría el incendio y por qué hay redadas policiacas contra migrantes.
