CIUDAD DE MÉXICO.-Las indagatorias federales por la muerte de 39 migrantes en un incendio en instalaciones de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, apuntan a empleados de rangos menores y a la empresa privada Camsa, pero hasta ahora, no se ha señalado a ningún mando de la institución federal.
En una segunda conferencia, Rosa Icela Rodríguez, titular de Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló ayer que hay seis órdenes de aprehensión y cinco detenidos, pero entre los señalados sólo se menciona a dos guardias privados, tres agentes migratorios y un migrante al que acusan de provocar el incendio.
Asimismo, señaló que ya tienen en la mira a David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, socios de Grupo de Seguridad Privada Camsa, S.A. de C.V., empresa encargada de la seguridad del centro de detención provisional que se incendió el pasado 27 de marzo, sin que nadie pudiera liberar a 67 extranjeros.
Cuando se le preguntó sobre la ausencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño; el delegado del mismo organismo, Salvador González, y el jefe de la estación, Daniel Goray Yosioka, Rodríguez evadió la pregunta.
«Yo le quiero decir que estamos sobre la investigación y la atención de las víctimas, de los heridos, esa es la causa por la que hoy estamos aquí, entonces creemos que el que venga una señora Fiscal que está encargada del proceso y que venga la coordinadora del gabinete de seguridad nacional, pues hasta el día de hoy para nosotros es suficiente.
«Pero vendrán más días y vendrá más información, no estamos cerrados», contestó en la conferencia en el Palacio Nacional, en la que estuvo acompañada por Sara Irene Herrerías, representante de la FGR.
Rodríguez reiteró que el Gobierno tiene como prioridad el respeto a los derechos humanos de todas las personas, «sin importar su calidad migratoria».
Respecto de las órdenes de aprehensión, Herrerías señaló que se habían ejecutado cinco y estaba una pendiente.
«Y en el transcurso del día (ayer) es que ya se da la audiencia de imputación y vinculación, eso quiere decir que ya fueron puestos a disposición del juez.
«En cuanto a las demás órdenes pendientes, estamos analizando y haciendo diligencias para que éstas sean fundadas y motivadas, y estamos analizando… cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron las acciones u omisiones que realizaron, y que con ellas su conducta es punible desde el punto de vista penal», agregó.
