SALTILLO, COAHUILA. – La diputada Martha Loera Arámbula presentó durante la pasada sesión del Congreso del Estado, un punto de acuerdo dirigido a los 38 ayuntamientos del estado de Coahuila para que en la medida de sus posibilidades fortalezcan las acciones de inspección y vigilancia en el servicio de transporte de pasajeros.
Dicho exhorto se realiza con la finalidad de qué se garantice el acceso a estos servicios para las personas que padecen de alguna discapacidad, de igual manera se invitó a promover la capacitación de las y los operadores en materia de movilidad de inclusión.
La Diputada explicó que el derecho de todas las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad está previsto en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“En el caso de Coahuila, nos hemos distinguido por ser pioneros en legislar y promover políticas públicas de carácter inclusivo para el beneficio de las personas con discapacidad. Una de estas ha sido el programa Unidad Especializada de Transporte para Personas con Discapacidad (UNEDIF), que arrancó en nuestro estado en el año 2016 y que se ha consolidado incluso en otras partes del país. Este tiene por objeto brindar servicios de transporte especializado, cómodo y seguro a personas con discapacidad neuromotora, con apoyo de unidades adaptadas a sus necesidades y personal altamente capacitado”.
Agregó que el transporte público es una de las funciones más importantes que tienen las autoridades para impulsar el desarrollo individual y colectivo. Tan solo en nuestra entidad están registrados en circulación 25,338 vehículos de automotor de uso público. Para dimensionar el tamaño de la demanda actual de este servicio basta saber que el 38.4 por ciento de los hogares coahuilenses no cuentan con vehículos propios.
Ahora bien, en Coahuila habitan 454,870 personas con discapacidad, con alguna limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental, lo que equivale al 14.5% de la población. Esta estadística muestra también el impacto de seguir construyendo normas y políticas dirigidas a garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Resaltó que, si bien el marco legal sienta las bases para el acceso inclusivo e igualitario a los bienes y servicios públicos, es necesario reconocer que cuando se niega el ingreso o disfrute del transporte público a las personas con discapacidad se está ante un acto de discriminación que debe ser prevenido y, en su caso, sancionado conforme a la ley.
“Ante ello, las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional estimamos importante que los ayuntamientos refuercen las medidas de inspección y vigilancia que garanticen el acceso al servicio público de transporte a las personas con discapacidad. De la misma forma, solicitamos su apoyo para promover una mayor y mejor capacitación y sensibilización entre sus operadores, con el objetivo de brindar un trato de calidad a todos los usuarios”, finalizó.
