En agosto, luego de que México superara la cifra de 50 mil muertos por Covid-19, el especialista Francisco González advertía: «Se van a más que duplicar en los siguientes seis meses», a menos de que hubiera un viraje de 180 grados en la conducción de la epidemia.
Un trimestre después, el País se encuentra en el umbral de las 100 mil personas fallecidas. El pronóstico se cumplió, considera el profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, porque continuaron las medidas erradas.
«Por supuesto que se pudieron formular e implementar cambios sustanciales en la política de salud pública en México sin tener que llegar al final de 2020 con más de 100 mil muertos y otros cientos de miles contagiados, enfermos y convalecientes», señala.
Las autoridades, remarca, tuvieron tiempo de sobra -más de un mes desde que se hiciera oficial en enero la aparición del SARS-CoV-2 en China- para preparar e instrumentar una estrategia cuyo fin último fuera salvaguardar la salud y el bienestar económico mínimos de los mexicanos frente a un virus de acelerada capacidad de transmisión y probada letalidad.
«Dicha decisión, la obligación primordial de cualquier Estado de salvaguardar la integridad física y material mínima de la población bajo su jurisdicción, se hizo a un lado para no desviar recursos públicos de las grandes obras de infraestructura del actual sexenio, que en teoría serán la herencia palpable y observable de la autollamada Cuarta Transformación del Presidente Andrés Manuel López Obrador», reprocha.
Para González, los países cuyo desempeño en la contención de la pandemia ha sido más exitoso -principalmente naciones asiáticas como Corea del Sur, Japón, Singapur y China- se han caracterizado por respuestas rápidas, masivas y eficaces tanto del Estado como de la sociedad que ha cooperado para hacer pruebas masivas, identificar infectados y rastrear sus contactos y obligar cuarentenas entre los mismos para la contención del virus.
«Se dice que en esas sociedades parte de la eficacia de respuesta a la pandemia del Covid-19 es la cultura confuciana, que privilegia el bienestar general y la obligación de los individuos para contribuir al mismo», refiere.
«En realidad esa actitud social no podría traducirse en acción pública masiva efectiva sin Estados con la voluntad política y la capacidad de recursos de infraestructura, técnicos y humanos volcados a darle prioridad a la gravísima emergencia de salud pública que vive el mundo desde el inicio de 2020».
Cuestionado sobre el rechazo de México a establecer medidas coercitivas de contención para no vulnerar derechos humanos, apunta a dos posibles respuestas.
Una, la de todos aquellos con una mentalidad utilitaria, cuyo principio rector es «la mayor felicidad para el mayor número de personas», quienes estarán más de acuerdo con la respuesta que se le ha dado a la epidemia en los países asiáticos mencionados, pues el bienestar general se ha mantenido a pesar de los costos a las libertades individuales.
Mientras que, por otro lado, gente con una mentalidad social liberal sostendrá que el derecho a la vida y el bienestar económico son primordiales.
«Y para procurarlos hay que contar con los recursos públicos que el Estado debe canalizar si es responsable y efectivo, y decreta cuarentenas estrictas para conservar la vida y un mínimo de bienestar económico entre la población que debe de quedarse en casa sin poder salir a ganarse el pan de todos los días», apunta.
«En este punto es donde creo que un liderazgo inteligente, comprometido con el pueblo y efectivo en México bajo López Obrador hubiera reasignado recursos de manera masiva para montar una estrategia que privilegiara la vida y el bienestar económico de las y los mexicanos -el derecho a seguir viva o vivo si así se quiere es quizá el derecho humano más básico de todos- en lugar de privilegiar obras faraónicas para dejar su huella», enfatiza.
