El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó sobre serios retrocesos en el dictamen de reforma a Ley de Adquisiciones, pues permite la compra sin licitar de medicamentos y equipo médico y lo mismo para los contratos con universidades públicas que han sido la base para el desvío de recursos, como en el caso de la Estafa Maestra.
En un análisis sobre el dictamen aprobado ayer por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el IMCO advirtió que introduce nuevos elementos que representan un «importante retroceso» para el proceso de contrataciones públicas federales en México.
El organismo señaló en primer lugar la nueva medida de exceptuar la licitación en la compra de medicamentos y material de curación, sin importar se realizan bajo un contexto ordinario o de emergencia.
«De aprobarse esta medida, se abre la puerta a que la compra de insumos para la salud sea realizada mediante procesos que no garantizan las mejores condiciones del mercado y que, al mismo tiempo, representan un riesgo de corrupción y decisiones discrecionales que tendrán efectos negativos sobre la competencia y competitividad de los mercados de insumos médicos en México», afirmó.
IMCO criticó además que, a pesar de las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el dictamen no se elimina la excepción de la Ley de Adquisiciones sobre los convenios entre entes públicos, centros de investigación y universidades públicas, que han sido uno de los mecanismos más utilizados para desviar recursos públicos.
«Estos convenios carecen de los mecanismos de control, transparencia y vigilancia necesarios para detectar los riesgos y el mal manejo de los recursos públicos», sostuvo.
El IMCO recordó que en sus informes ha denunciado que los procesos de excepción se mantienen como la regla de contratación del Gobierno federal, pues el año pasado casi uno de cada dos pesos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
Ahora, añadió, en el dictamen de reforma se reduce el 30 al 20 el monto del presupuesto que podrá ser contratado sin licitación pero sólo para los contratos por montos pequeños y no a la totalidad de las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
El IMCO lamentó que el dictamen no sigue las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y las organizaciones de la sociedad Civil para limitar las adjudicaciones directas.
