El 9 de noviembre fue la primera vez que Romana Rivera participó en una marcha. El cuerpo descuartizado de “Alexis” había sido encontrado en la periferia de Cancún, ante lo cual cientos de mujeres tomaron las calles.
Todas clamaban por justicia para “Alexis”, pero Romana llevaba su propia exigencia: la aparición con vida de su hija Diana García Rivera, de quien se desconoce su paradero desde febrero.
Hace meses, Romana había pensado en manifestarse por primera vez en su vida, salir a las calles y pedir a las autoridades avances en las investigaciones. Pero el miedo a lo que pudieran hacerle los responsables del delito o las autoridades inmiscuidas la orillaron a no hacerlo.
Fue la madrugada del pasado 22 de febrero, cuando un grupo armado irrumpió en el club Imperio –ubicado en la céntrica Plaza Infinity–, y ante los ojos de vacacionistas, se llevó a Diana, de 20 años, y a su acompañante identificado como Jorge Armando Kiau Rodríguez.
Al no tener noticias de su hija, cuenta Romana, la tarde del mismo 22 de febrero acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por su desaparición.
“Lo primero que esperábamos era que hubiera una acción inmediata, revisión de cámaras, seguimiento de las personas para saber a dónde se los pudieron haber llevado, pero el 23 y 24 eran días festivos y no se accionaron hasta el día 26 que nos citaron”, contó.
“Luego, cuando llegamos el 26, nos dijeron que no sabían dónde estaba la carpeta de investigación, pero hicimos presión y fue así que nos dijeron que estaba en la Fiscalía de Desaparición. Y no fue hasta el 27 que hicieron un cateo de la disco, y hasta cuatro meses después, una revisión de cámaras del lugar. Desde entonces no ha pasado nada”.
Romana ha emprendido una investigación por su cuenta, recolectando información que comprueba la participación del crimen organizado y la colusión de agentes ministeriales, pero lo único que ha conseguido con ello es sentirse más vulnerable.
“La situación es complicada cuando hablas de este tipo de delincuencia, porque son células. Es complicado y peligroso”, dijo.
En febrero, cuando desapareció “Nana”, como su madre la llamaba, se confirmó el primer caso positivo de Covid-19 en México, en marzo se decretó la emergencia sanitaria y en abril las actividades gubernamentales fueron suspendidas: oficinas de Gobierno cerraron y parte de la atención se brindó por teléfono o internet.
“Con todo esto de la pandemia, todo ha sido en línea y eso ha sido todo infructuoso totalmente. Yo lo primero que quería era hacer los trámites de manera directa, para no quedarme con esa sensación de enviarlo por la vía electrónica y no saber si me lo iban a recibir. Yo quiero hacerlo de manera directa. De hecho, las instancias que traté de tocar, te mandaban a un conmutador que timbra, timbra y timbra y nadie te contesta. Es desesperante”, señala.
“Por eso, ahora que abrieron la Fiscalía he ido frecuentemente; ahí estoy seguido, constante, aunque me dé miedo. Porque si no se pierde el hilo, y si dejas de presionar, eso es una carpeta más. A estas alturas, a nueve meses ya, la autoridad me puede decir que ha pasado mucho tiempo, pero yo sigo insistiendo en que se haga una búsqueda como tal, porque no es una persona que desapareció y una estadística más, es una persona que no está con nosotros, pero que necesitamos que esté de vuelta”.
