Una ministra de la Suprema Corte de Justicia rechazó ordenar al Gobierno federal que retome las tareas de coordinación para seguridad pública con el Gobierno de Chihuahua, interrumpidas a finales de septiembre por el conflicto de entrega de agua a Estados Unidos.
La Ministra Yasmín Esquivel negó la suspensión en la controversia constitucional promovida por el Gobernador Javier Corral, quien impugnó las órdenes verbales del encargado de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, para abandonar las mesas en las que participaban mandos federales y estatales.
Corral buscaba una orden judicial dirigida al Delegado Estatal de la SSPC, el Comandante de Zona Militar, el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, el Delegado de Programas de Desarrollo Social, y los jefes de Estación del Centro Nacional de Inteligencia para sentarlos de nuevo en las mesas de coordinación con el Gobierno estatal.
Pero en sólo dos párrafos, la Ministra rechazó que sea viable conceder una suspensión para estos fines, ya que se estarían dando efectos restitutorios a una medida cautelar; es decir, se le estaría dando por adelantado la razón al Gobierno de Chihuahua, en su alegato de que hay violaciones constitucionales en la actuación del Gobierno federal.
«Se niega la medida cautelar en los términos pretendidos por el accionante, esto es, para que en cumplimiento a los ordenamientos legales respectivos, y en coordinación con las diversas autoridades, se implementen los objetivos del modelo de seguridad», dice la resolución.
Chihuahua puede impugnar la negativa de suspensión ante una de las salas de la Corte, pero su recurso ya no sería resuelto este año, pues el receso del Poder Judicial inicia el 16 de diciembre.
Esquivel firmó la negativa de suspensión desde el 17 de noviembre, pero la Corte la notificó por lista hasta el día 26.
Esquivel sí admitió a trámite la demanda de Chihuahua, pero podría pasar más de un año para que el Pleno de la Corte dicte sentencia de fondo, periodo durante el cual dependerá de la voluntad del Gobierno federal si regresa o no a las mesas.
El 25 de septiembre, en la conferencia de prensa mañanera, Mejía Berdeja acusó a Corral de una campaña contra la Guardia Nacional luego de disturbios en la presa La Boquilla y dijo que, si bien no había comunicación con el Gobernador, las fuerzas federales seguían desplegadas en Chihuahua.
Esta semana, Chihuahua denunció a Mejía ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por uso abusivo de atribuciones y facultades, y acusó que el Gobierno federal ha puesto en juego la seguridad de los chihuahuenses al retirarse de las mesas de manera «unilateral, arbitraria e ilegal».
