Especial
La defensa del ex director de Emilio Lozoya rechazó que su cliente haya recibido una “mordida” de 8.4 millones de dólares de parte de Altos Hornos de México.
A unos días de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló a Emilio Lozoya Austin, por presuntamente haber causado graves daños al patrimonio del país, la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) rechazó que su cliente haya recibido una “mordida” de 8.4 millones de dólares de parte de Altos Hornos de México (AHMSA).
“Nunca antes una autoridad del gobierno de México había hecho referencia a una supuesta ‘mordida’ de 8.4 millones de dólares. Ésta afirmación no tiene antecedente, ni documental ni técnico, alguno, por lo que resulta inaceptable. Esta defensa considera indispensable que la UIF verifique su información”, expresó.
Los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, indicaron que en relación con el supuesto soborno de 3.4 millones de dólares recibido por Emilio Lozoya a través de AHMSA, está acreditado que dicho monto obedece a proyectos realizados por su cliente antes de ser servidor público y fue recibido tiempo antes de asumir la Dirección General de Pemex.
Sobre la venta de Agronitrogenados, precisaron que, a escala administrativa, no existe investigación alguna relativa a la compra-venta de esta Planta de Fertilizantes. “Todo el proceso fue auditado y validado por las autoridades administrativas”, apuntaron.
Los litigantes aseguraron que la documentación correspondiente obra en la carpeta de investigación.
“En relación con el contrato de Tula I, las mismas autoridades han afirmado, en audiencia y frente al juez de control, que estuvo perfectamente ejecutado, por lo que no se desprende elemento alguno relativo a algún tipo de responsabilidad administrativa, mercantil o penal”, abundaron.
Mencionaron que los contratos de Salamanca y Tula II, éstos no forman parte de procedimiento alguno vinculado a Emilio Lozoya.
“De todo lo anterior se desprende que el monto de 30 millones de dólares exigido a Lozoya Austin como supuesta reparación del daño, es fruto de una decisión unilateral y sin basamento técnico.
“De ahí que, en audiencia pública ante el juez de control, los representantes del gobierno de México no pudieron explicar su origen, lo que provocó los legítimos reclamos de nuestro representado”, puntualizaron.
