La Procuraduría General de la República de México “encubrió torturas por mala praxis, falta de ética o simplemente por complicidad”, denunciaron investigadores independientes a través de la plataforma de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
Los investigadores independientes presentaron este martes una investigación bajo el título: “Encubriendo la Tortura: Complicidad de los forenses de la Procuraduría General de la República“. La organización examinó 54 dictámenes médico-psicológicos en posibles casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes realizados por el personal de la actual Fiscalía General de República.
Su conclusión es que por mala praxis, falta de ética o simplemente por complicidad, el organismo estatal encubre tormentos. Una violación que se practica al apartarse deliberadamente del Protocolo de Estambul, manual internacional de investigación y documentación de la tortura.
“Diecisiete casos nos llamaron la atención”, dice a RFI la psicóloga Valeria Moscoso Urzúa integrante del grupo independiente que realizó la investigación en referencia a 17 dictámenes que representan casos de mala praxis pericial sobre los 54 analizados.
“Refieren a mala práctica ética y corresponden a errores que, en la elaboración del dictamen que por su carácter o por su naturaleza, podrían muy difícilmente atribuirse solo a la falta de conocimiento, a la impericia o a un error involuntario de los peritos. Es decir, que estos errores no podrían cometerse si es que uno no conoce el protocolo de Estambul. Son cosas que están muy claramente puestas y explicadas, no solamente en el manual internacional, sino que hay una extensa bibliografía al respecto”.
“Lo que nos lleva a pensar que efectivamente no son ‘errores’, sino que tienen la finalidad de ocultar hechos de tortura. Es decir, que aun cuando hay múltiples elementos dentro de los distintos dictámenes que indican que el relato de la persona es consistente con hechos de tortura, los peritos al final concluyen lo contrario”, agregó.
Ante este panorama, los investigadores independientes preconizan que el gobierno deje de negar la existencia de la tortura en el país y garantice la independencia de los peritos.
“No puede ser que Servicios Periciales sea una coordinación perteneciente a la Fiscalía General de la República, cuando en casi el 100 por ciento de los casos es efectivamente esta Fiscalía la que hace acusaciones en contra de personas de manera falsa, no personas inocentes para fabricar culpables y además busca que estos se auto inculpen a través de la tortura”, dice a RFI Valeria Moscoso Urzúa.
El informe sostiene que los funcionarios “han incumplido grotescamente las normas de practica leal en sus declaraciones juradas respecto de las personas que afirman haber sufrido torturas cuando estaban bajo custodia de funcionarios del gobierno”.
