Por Milenio
La Prensa
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, presentó una denuncia de juicio político contra Crescencio Contreras, un juez de Distrito de Tamaulipas.
La dependencia detalló que, en el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad, se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte del impartidor de justicia, que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país.
«Por instrucciones del presidente López Obrador, presentamos ante la Cámara de Diputados una denuncia de Juicio Político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Tamaulipas.
«Lo anterior a efecto de que dicha soberanía analice y, en su caso, presente acusación al Senado de la Republica para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas», escribió la titular de la Segob en sus redes sociales.
En un comunicado, la Segob resaltó que existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público.
«Se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada, como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho», resaltó.
La Secretaría de Gobernación consideró que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo.
«Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución», apuntó.
Asimismo, Alcalde Luján afirmó que, con esta acción, el gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho,»así como su lucha permanente y sin concesiones en contra de la corrupción y la impunidad».
