Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia suspendió, por tiempo indefinido, una reforma al Poder Judicial de Baja California (PJBC) que elimina al Consejo de la Judicatura (CJ) estatal, y deja en manos del Gobernador la postulación de ternas para magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El Ministro Alberto Pérez Dayán notificó el viernes pasado la suspensión, como parte de una controversia promovida por el PJBC para pedir la anulación de reformas a 22 artículos de la Constitución de Baja California, publicadas el 19 de octubre y que entrarían en vigor el 18 de diciembre.
La suspensión cubre todos los temas relevantes de la reforma, y si bien el Congreso estatal y el Gobernador Jaime Bonilla pueden impugnarla ante una Sala de la Corte, el asunto sería revisado hasta febrero o marzo, en el mejor de los casos, pues el máximo tribunal inicia su receso este miércoles y regresa el 4 de enero.
«Procede conceder la suspensión solicitada para que no cesen en sus funciones los consejeros de la Judicatura; continúen en sus funciones los magistrados supernumerarios del TSJ; no entre en vigor el sistema de ternas para designación de magistrados; y para que el TSJ no emita los acuerdos generales a que se refieren los artículos transitorios del decreto impugnado, suspensión que operará durante todo el tiempo que dure el trámite de la controversia constitucional», ordenó Pérez Dayán.
Dicho trámite puede prolongarse de uno a dos años, es decir, es probable es que el Pleno de la Corte resolverá sobre el fondo de la controversia hasta 2022, para cuando ya habrá terminado el periodo de dos años de Bonilla como Gobernador.
La reforma cuestionada establece el nombramiento de los 17 magistrados del TSJ mediante ternas enviadas por el Gobernador al Congreso, un modelo tradicional de designación que reemplazaría al de concurso de oposición que actualmente existe en Baja California.
En este último, el TSJ es el que envía al Congreso los nombres de aspirantes aprobados en dicho concurso para que designe al magistrado, sin que el Gobernador intervenga en el proceso.
Los cambios impugnados incluyen la desaparición del CJ para reemplazarlo por una Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina adscrita al propio TSJ, retomando el modelo que existía en México antes de la reforma de 1994 que creó los consejos de la Judicatura, para sacar de la Corte y los tribunales superiores las cuestiones administrativas.
También se elimina la figura de magistrados supernumerarios, es decir, reemplazos temporales de magistrados titulares, dejando ese trabajo en manos de secretarios en funciones de magistrado que ocuparán las vacantes hasta por 60 días.
