Por El Financiero
La Prensa
El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito con sede en Mérida, Yucatán, el pasado 13 de junio resolvió confirmar la suspensión definitiva que impide la ejecución física y material del Proyecto Tren Maya en el Tramo 7, otorgada a las comunidades indígenas de Xpujil, Calakmul, en Campeche, por no haber sido consultadas.
Dicha resolución derivó de los recursos de revisión interpuestos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretendían revocar la suspensión definitiva otorgada el 3 de marzo de 2020.
En sesión ordinaria, el tribunal colegiado declaró infundado el incidente de modificación y/o revocación a la suspensión definitiva, manteniéndola en favor de las comunidades mayas agrupadas en el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (CRIPX), que en diciembre de 2019 promovieron un amparo para detener la construcción del Tren Maya con el fin de proteger sus tierras y los territorios de los pueblos indígenas asentados en el municipio de Xpujil.
A pesar de la suspensión definitiva concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los pueblos y comunidades indígenas, las obras del Tren Maya nunca han parado.
“A la fecha, continúan incumpliendo con dicha resolución porque siguen construyendo la estación del tren de Xpujil, siguen con la tala, el desmonte y el cambio de uso de suelo en terreno forestal, así como con los trabajos de relleno y aplanado para la instalación de las vías férreas”, acusan integrantes del CRIPX.
“El Poder Ejecutivo Federal, que recae en la persona del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha respetado la suspensión definitiva que fue otorgada incluso antes del inicio de las obras, el 3 de marzo de 2020 (…)”.
“Ha continuado con los trabajos en el Tramo 7 del Tren Maya en el área geográfica de Xpujil, incurriendo con ello en un desacato a un mandato judicial y en total desprecio al Poder Judicial y a los pueblos y comunidades indígenas”, señalaron.
