Mónica Almeida, diputada del PRD, acusó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa realizando cortes de electricidad a pesar de la crisis que enfrenta el País a causa de la pandemia y de que en muchos hogares hay enfermos que requieren de oxígeno.
La legisladora advirtió que la empresa productiva del Estado no ha acatado los exhortos para impedir la suspensión de energía eléctrica en caso de impago.
Indicó que el 12 de agosto pasado, la Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo para impedir las suspensiones de suministro de energía eléctrica a los usuarios que por alguna razón no pudieran cumplir con el pago de las tarifas de servicio doméstico, al igual que para las MiPymes.
Agregó que también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la CFE a no suspender el servicio y, en su caso, restablecer éste de inmediato cuando se trate de las modalidades de consumo básico y alto.
A pesar de ello, advirtió, la CFE ve en el suministro de energía una mercancía y no un derecho social.
«Es lamentable que quien está al frente de la CFE observe el acceso a la energía como una simple mercancía y no como un derecho social integrado en el Mínimo Vital, al que deben acceder todos los ciudadanos, al igual que la alimentación, la seguridad, la educación u otros derechos que les permitan acceder a una vida digna, y que lejos de disminuir las brechas de desigualdad, se tenga una omisión de esa magnitud impulsada desde el gobierno federal», indicó.
Almeida recordó que el director general de la empresa productiva, Manuel Bartlett, descartó condonar el pago de la reconexión por el servicio eléctrico durante la fase 3 de la pandemia y además ordenó el corte del mismo.
La perredista indicó que durante 2020, la CFE ordenó el corte del servicio para 2 millones 88 mil 409 usuarios por falta de pago.
Advirtió que Jalisco, el Estado de donde es originaria fue uno de los más afectados con esta medida, ya que entre abril y octubre más de 285 mil 782 jaliscienses pagaron por la reconexión.
Informó que los ingresos de la Comisión por reconexión ascienden a más de 288 millones, lo cual ha resultado un jugoso, pero injusto negocio ante la situación que vive el País.
