La Secretaría de la Función Pública (SFP), a donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador busca descargar las tareas de transparencia en su plan para desaparecer al INAI, es experta en reservar información.
De acuerdo con el índice de expedientes clasificados como reservados de la SFP, en sólo 18 meses la dependencia ordenó limitar el acceso a 6 mil 572 expedientes bajo distintas justificaciones, en distintos momentos y por plazos que van de 6 meses hasta 5 años.
En promedio, la Función Pública clasificó 12 expedientes cada día y 365 cada mes desde enero de 2019.
El índice, que está disponible en el sitio web de la dependencia, detalla si se trata de clasificaciones totales o parciales, cita los fundamentos legales para reservar cada expediente y reporta qué expedientes reservados fueron desclasificados al momento del informe.
En el primer semestre de 2019, la Función Pública ordenó reservar mil 575 expedientes de distintos órganos internos de control y vigilancia que abarcan, entre decenas, al SAT, la Policía Federal, la Fiscalía General de la República, Banobras y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
En la segunda mitad del 2019 fueron reservados 4 mil 66 expedientes, y en el primer semestre de 2020, sumaron 931.
Durante ese periodo, el último publicado por la Función Pública, hay 155 casos en los que se determinó reservar durante 5 años, por razones que van desde la obstrucción a actividades de verificación, inspección y auditoría hasta el riesgo a la vida y la seguridad de personas físicas.
El pasado 7 de enero, el Presidente informó que presentará una iniciativa para desaparecer diferentes organismos autónomos que regulan y vigilan la actividad gubernamental.
Entre esos organismos se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), encargado de dar respuestas a peticiones ciudadanas sobre datos y funcionamiento de las entidades públicas.
El Presidente dijo que al desaparecer el INAI, la SFP podría encargarse de dar respuesta a las solicitudes de transparencia y un día después sugirió que se sancione a quienes no las cumplan ágilmente.
«¿No puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción?», planteó en la conferencia en Palacio Nacional.
Sin embargo, el récord de agilidad y respuesta de la SFP, dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval no es el mejor según los propios datos oficiales.
