Cd. de México
La Prensa
La mayoría de Morena y sus aliados, apoyados por MC, aprobaron en lo general por 346 votos a favor y 90 en contra del PAN y el PRI, el dictamen de la reforma a la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo que faculta al Instituto para construir y arrendar viviendas, a través de la creación de una empresa filial que no será considerada entidad paraestatal.
La Cámara de Diputados continuará con la discusión en lo particular, de poco más de 200 reservas; y una vez aprobado en lo general y en lo particular, la minuta será devuelta al Senado, ya que la bancada morenista en la Cámara Baja modificó el proyecto que recibió en diciembre de 2024.
Durante la discusión del dictamen, los diputados afines al gobierno federal señalaron que la reforma coadyuvará a cumplir con el proyecto de construir un millón de viviendas en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mientras que los legisladores de oposición afirmaron que el gobierno federal y Morena se quieren «robar» 2.4 billones de pesos de ahorro de los trabajadores que cotizan en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Además, aseguraron que la reforma implica que el Instituto regrese al esquema que desarrollo a principio de los años 90, cuando construía viviendas, y que llevó al Infonavit a la quiebra técnica.
El dictamen establece que la fiscalización estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que revisará el gasto de administración, operación y vigilancia, y la inversión para construcción y administración inmobiliaria.
No obstante, el dictamen especifica que las subcuentas de vivienda y créditos de vivienda de los trabajadores son inviolables y no estarán sujetas a auditoría, revisión o fiscalización alguna.
Las modificaciones establecen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá validar sobre el régimen del fondo de inversión que administra el Infonavit, integrado por el ahorro de los trabajadores que no se destina a otorgar créditos, inversión en construcción o presupuestos de operación.
La diputada Rocío González (PAN) presentó una moción suspensiva y denunció que la aprobación del dictamen no cumplió con el proceso legislativo; sin embargo, fue desechada su propuesta a mano alzada por la mayoría oficialista.
«Hicieron un marranero dentro del proceso legislativo. En el proceso deliberativo se presentaron vicios y omisiones, queda claro la prisa que tienen por robarse el dinero de los trabajadores, porque más allá de que las modificaciones estéticas y tramposas que realizaron, luego en el papel que mejor representan como delincuentes legislativos, fuera de proceso y de manera tramposa modificaron el dictamen sin pasar por quienes integran las comisiones unidas», acusó.
