Ante la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de cancelar contratos con proveedores de penales, la organización Reinserta cuestionó la capacidad del Gobierno para operar las prisiones.
Especializada en el sistema penitenciario, la organización recordó que las Asociaciones Público Privadas (APP) proveen únicamente alimentos, uniformes, mantenimiento y transporte, por lo que no es un esquema 100 por ciento privado.
«Las APP (Asociaciones Público Privadas) son una respuesta al olvido del Estado Mexicano a sus cárceles», señaló.
«Hoy nos vemos obligados a preguntarnos sobre la viabilidad de rescindir de estos contratos, como lo sugiere el Presidente, ya que es indispensable cuestionar si la Federación tiene los recursos humanos, materiales y tecnológicos para operar estos Centros Federales».
Reinserta destacó que existen centros penitenciarios que tienen más de 20 años sin recibir mejoras en su infraestructura.
«Condenamos enérgicamente que exista corrupción a tal grado de cobrar 6 mil 400 pesos al día por interno cuando las condiciones de vida y alimentación no superan los 500 pesos al día», agregó.
Esta mañana, López Obrador informó que buscarán un acuerdo con proveedores de servicios de ocho penales que recibieron contratos durante la gestión de Genaro García Luna, porque, dijo, están cometiendo un «abuso».
Incluso, amagó con presentar denuncias para cancelarlos.
