De jueces ligados al narco y que no reúnen requisitos de idoneidad
Por Mayolo López/Agencia Reforma
La Prensa
CD. DE MÉXICO.- El disuelto Comité de Evaluación del Poder Legislativo se desmarcó de la confección de la lista de 26 candidatos que no reúnen los requisitos de idoneidad o que no gozan de buena reputación por tener carpetas abiertas de investigación en su contra.
Uno de los integrantes del Comité, Andrés García Repper, explicó que, en todo caso, ocho de esos 26 aspirantes pasaron por sus filtros y el resto atañe a los del Poder Ejecutivo y a los del Poder Legislativo.
«No tenemos ninguna responsabilidad, todo lo contrario, cumplimos a pie juntillas con las bases de la Constitución, la ley y las convocatorias. Al contrario, fuimos exhaustivísimos en revisar los antecedentes a través de intercambios de información con distintas autoridades», planteó García Repper.
El 7 de febrero del año en curso, el Comité de Evaluación entregó al Senado el listado de aspirantes aprobadas para la elección de jueces, magistrados y ministros agendada para el 1 de junio.
Un nuevo revés se sumó al accidentado proceso cuando el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reveló a fines de abril que entre los candidatos se habían colado «defensores de narcotraficantes» que debían ser apartados de la lista.
«Actuamos apegadísimos a la ley», declaró en entrevista García Repper. «Y estamos muy pero muy tranquilos y, además, con toda la solvencia para sostener una acusación como esta o algún debate en el momento en que se requiera.»
Entre los ocho candidatos que pasaron, dijo, había varios defensores de narcos a los que por ese simple hecho, no se les podía negar su registro.
«Nosotros no podíamos como Comité negarles este derecho solamente porque habían sido abogados defensores, porque entonces nadie va a querer ser abogado defensor nunca; porque entonces eso ya le va a dar el impedimento de poder dedicarse a otra cosa», argumentó.
García Repper aclaró que el Comité solicitó información a la Fiscalía General de la República y a la desaparecida Secretaría de la Función Pública para conocer si había algún candidato que pudiera ser inhabilitado, amén de que la sociedad no previno al Comité por el registro de algún aspirante con mala trayectoria.
«Algunos eran abogados defensores otros fueron juzgadores; pero ser abogados defensores no alcanza para que nosotros como Comité los hubiéramos podido descalificar; Nosotros abrimos un periodo para que la ciudadanía nos avisara diciéndonos ‘oigan: aguas con este personaje…’ Y esta información no llegó respecto de estas personas, pero en cambio sí se hizo llegar a los senadores ahora. Quien la hizo llegar también actuó de mala fe porque ¿por qué no nos avisó a nosotros antes? A lo mejor hubiéramos pedido investigar, pero a nosotros no nos llegaron indicios de nada de esas personas».
