En marzo, un juez federal de distrito determinó que el papel del DOGE probablemente es más que solo de asesoramiento
Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que bloquee las órdenes judiciales que exigen que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk entregue documentos sobre sus operaciones a un grupo de vigilancia gubernamental.
La más reciente apelación de emergencia del Departamento de Justicia ante el máximo tribunal se refiere a si el DOGE, que ha sido fundamental en el impulso del presidente Donald Trump para reformar el gobierno, es una agencia federal sujeta a la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). El gobierno argumenta que el organismo es simplemente un cuerpo asesor presidencial que está exento de solicitudes de documentos, según la FOIA.
El gobierno quiere que los jueces congelen las órdenes que obligarían al DOGE a entregar documentos a la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés), y que la administradora interina del DOGE, Amy Gleason, responda preguntas bajo juramento en las próximas tres semanas. CREW presentó una demanda en febrero, alegando que el DOGE “ejerce un poder sorprendentemente amplio” sin transparencia sobre sus acciones.
¿DOGE, más que asesoría?
En marzo, el juez federal de distrito, Christopher Cooper, determinó que el papel del DOGE probablemente es más que solo de asesoramiento, señalando sus afirmaciones de ayudar a cerrar USAID y recortar miles de millones de dólares en contratos gubernamentales. “Cancelar cualquier contrato gubernamental parecería requerir una autoridad sustancial, y cancelarlos a esta escala ciertamente lo requiere”, escribió Cooper. El DOGE “probablemente tiene al menos cierta autoridad independiente para identificar y despedir a empleados federales, y cancelar programas y contratos federales”.
Un panel del tribunal federal de apelaciones en Washington suspendió inicialmente la orden de Cooper, pero un panel diferente la reactivó posteriormente. Desde entonces, Cooper ha establecido plazos para que la administración cumpla antes del 13 de junio.
El Procurador General D. John Sauer instó a los jueces a actuar rápidamente, calificando las órdenes de Cooper como “extraordinariamente excesivas e intrusivas”.
El caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que se han llevado ante la Corte Suprema después de que los tribunales inferiores hubieran bloqueado partes de la agenda de Trump.
Por El Universal
