Los abogados de varios venezolanos y el grupo de defensa National TPS Alliance pidieron a Chen que reconociera la validez de esos documentos.
Un juez federal impidió que el Gobierno de Donald Trump invalide los permisos de trabajo y otros documentos que otorgan estatus legal a unos 5,000 venezolanos, un subconjunto de los casi 350,000 cuya protección legal temporal la Corte Suprema de Estados Unidos dejó que se terminara.
El juez de distrito Edward Chen, de San Francisco, concluyó el viernes por la noche que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, probablemente se extralimitó en sus funciones cuando en febrero invalidó esos documentos en el momento en que puso fin de forma más general al estatus de protección temporal (TPS por su sigla en inglés) concedido a los venezolanos.
La Corte Suprema levantó el 19 de mayo una orden anterior emitida por Chen que impedía que el Gobierno, como parte de la agenda de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump, pusiera fin a la protección de deportación conferida a los venezolanos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal, o TPS.
Pero el alto tribunal dijo específicamente que no estaba impidiendo que ningún venezolano reclame contra la decisión de invalidar los documentos que se les emitieron en virtud de ese programa, que les permitió trabajar y vivir en Estados Unidos.
Los documentos se emitieron después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en los últimos días del mandato del presidente demócrata Joe Biden, amplió el programa TPS para los venezolanos 18 meses más, hasta octubre de 2026, una medida que Noem intentó anular.
El TPS está disponible para las personas cuyo país de origen ha sufrido un desastre natural, un conflicto armado u otro acontecimiento extraordinario.
Los abogados de varios venezolanos y el grupo de defensa National TPS Alliance pidieron a Chen que reconociera la validez de esos documentos, alegando que sin ellos miles de inmigrantes podrían perder sus empleos o ser deportados.
Al ponerse de su lado, Chen dijo que nada en el estatuto que autoriza el programa de Estatus de Protección Temporal permite a Noem invalidar los documentos.
Chen, nombrada por el presidente demócrata Barack Obama, señaló que la administración estimaba que sólo unos 5,000 de los 350,000 venezolanos tenían esos documentos.
Por El Economista
