PROACOM y DETERRA abandonaron labores en la mina 8 dejando una deuda superior a 9 millones de pesos; el Gobierno federal evadió responsabilidades y dejó solos a los proveedores
Karla Cortez
LA PRENSA
NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Más de nueve proveedores locales quedaron desamparados y con un adeudo superior a los 9 millones de pesos, luego de que las empresas PROACOM y DETERRA abandonaran sus operaciones en la mina 8 de Pasta de Conchos sin cumplir los compromisos adquiridos por trabajos realizados en 2022. Ante la falta de respuesta de ambas compañías, los afectados denuncian la indiferencia del Gobierno Federal, que les sugirió resolver el conflicto únicamente por la vía legal.
Federico García Lárez, uno de los proveedores perjudicados, señaló que tras el retiro de las contratistas —ambas con oficinas generales en la Ciudad de México— no obtuvieron ninguna solución, pues éstas alegaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incumplió con los pagos pactados, lo que las habría dejado sin capacidad de saldar sus deudas con los prestadores de servicios.
“Ya no tuvimos a quién más recurrir, solo nos dijeron que acudiéramos a la instancia penal y ahí terminó el apoyo. Quedamos totalmente desprotegidos”, lamentó García Lárez.
Los proveedores brindaron servicios diversos durante el año 2022, en el marco de los trabajos de rescate en la mina Pasta de Conchos. Aunque inicialmente recibieron pagos parciales, aseguran que las transferencias cesaron de forma abrupta, quedando un saldo pendiente que supera los 9 millones de pesos. Hasta el momento, únicamente dos de los afectados han interpuesto demandas legales, pero se desconoce si han tenido algún avance.
“Nos prometieron que iban a pagar, pero se fueron dejando compromisos sin cumplir. La mayoría seguimos esperando. Esto ha afectado la economía de nuestras familias y nuestros negocios”, agregó el proveedor.
La situación ha generado molestia e incertidumbre entre los afectados, quienes esperaban respaldo del Gobierno Federal y de la CFE, al tratarse de un proyecto impulsado desde el nivel federal. Sin embargo, al no encontrar canales institucionales de solución, ahora enfrentan un largo camino legal con pocas garantías de recuperación.
