El Síndico Víctor Aguilera solicitó autorización al Juzgado de Concursos Mercantiles el predio de 15 mil 542 metros cuadrados
Alberto Rojas Carrizales
LA PRENSA
El síndico de AHMSA, Víctor Aguilera solicitó autorización al Juzgado de Concursos Mercantiles para vender a CFE en forma directa un terreno de la acerera de 15 mil 542 metros cuadrados en 18 millones 557 mil 148 pesos, la dependencia judicial fijó un plazo de 10 días para que empresa y acreedores expresen algún posible desacuerdo.
En términos del artículo 205 de la Ley de Concursos Mercantiles, el síndico solicitó autorización para la enajenación de ese activo que forma parte de la masa concursal de la quebrada siderúrgica, detallando que es un terreno industrial ubicado en la colonia Obrera Norte en Monclova.
La propiedad colinda 157 metros al norte con Altos Hornos de México, 101.47 metros al oriente y 156.43 metros al sur con la misma empresa, además 101.21 metros al poniente con el bulevar Pape.
El síndico acreditó la propiedad mediante escritura pública número 205, ante la fe del notario público número 39 de Ciudad Frontera, proponiendo realizar la enajenación a favor de Comisión Federal de Electricidad, mediante un proceso de compraventa de forma directa por un valor de 18 millones 557 mil 148 pesos.
El avalúo fue realizado por el ingeniero Raymundo Tomás Molano Martínez perito valuador del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el síndico otorgó una explicación de la conveniencia de llevar a cabo la enajenación en la forma que propone y no conforme a lo dispuesto en los artículos 198 al 204 de la Ley de Concursos Mercantiles.
El Juzgado señaló que el concurso está en la etapa de quiebra, la que de conformidad con el Artículo 3 de la Ley de Concursos Mercantiles, tiene como objeto básico la venta de la empresa del comerciante, de sus unidades para el pago a los acreedores reconocidos y que de manera expedita y ordenada, se satisfagan los créditos reconocidos.
En base al Artículo 206, el Juzgado pondrá a la vista del comerciante, acreedores reconocidos y de los interventores la solicitud por un plazo de 10 días para manifestar al juez por escrito su desacuerdo con la propuesta.