Tras 14 años de litigio por tierras, afectados seguirán sin recibir compensación, pues el tribunal determinó que un juez federal deberá hacer ciertas precisiones sobre el avalúo, hecho que demorará la justicia aún más
Jesús Medina
La Prensa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salvó hoy al Gobierno federal de pagar 63.9 millones de pesos a una familia de Coahuila que lleva catorce años esperando a que la compensen por 423 hectáreas que le quitaron para asignarlas a un ejido.
Por cinco votos contra cuatro, la Corte rechazó una propuesta de la Ministra Yasmín Esquivel para forzar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a pagar la cantidad mencionada a más tardar en un mes, mientras un juez federal ordena que se realice un nuevo avalúo del predio.
En 2021, el Instituto Nacional de Administración y Avalúo de Inmuebles (Indaabin) estimó que el terreno valía 385 millones de pesos, pero ese avalúo venció en 2022, por lo que Esquivel sugirió utilizar por ahora uno que la propia Sedatu realizó en 2024, a reserva de actualizarlo.
«Resulta inaudito que en nuestro sistema jurídico existan sentencias que por más de una década no se cumplan», afirmó Esquivel.
«Esta Corte no puede ni debe ser tolerante, es nuestro deber como tribunal Constitucional garantizar el resarcimiento de los derechos vulnerados».
Desde 2011, cuando asignó las 423 hectáreas al ejido, el Tribunal Superior Agrario (TSA) había ordenado al Gobierno indemnizar a los herederos de Otilio Ayala Sepúlveda.
La Sedatu tardó cinco años, entre 2013 y 2018, para aceptar que tenía que pagar e iniciar el trámite respectivo, pero nunca se hizo el avalúo, por lo que la familia promovió un amparo en 2019.
El amparo fue otorgado en definitiva en 2021, para el efecto de concluir todo el trámite para el pago.
Cuatro años después, la mayoría en la Corte aprobó un proyecto de Lenia Batres, que consideró que la Sedatu no se ha opuesto a cumplir el amparo, pero que el juez tiene que aclarar si el avalúo de 2021 todavía es válido o, en su defecto, ordenar que se haga otro.
Esquivel explicó que es imposible que el nuevo avalúo sea por un monto inferior a los 63.9 millones, por lo que no tiene caso esperar a que el juez decida cuál aplicar. La familia, de hecho, considera que el terreno vale más de los 385 millones estimados en 2021.
La Sedatu ha alegado que no tiene recursos para pagarle al Indaabin por un nuevo avalúo. La decisión de hoy de la Corte puede prolongar el caso varios meses o años más, pues lo que decida el juez nuevamente podrá ser impugnado ante un tribunal colegiado.
Al apoyar el proyecto, la Ministra María Estela Ríos dijo que la Corte debía actuar con mucho cuidado en este tipo de asuntos, porque los avalúos se prestan a «cochupos», pese a que los que existen en este caso los ha hecho el Gobierno.
Por su parte, Giovanni Figueroa acusó en su intervención las «evasivas de cumplimiento» de la Sedatu, y sugirió que debería valorarse la destitución y consignación penal de los funcionarios responsables, por desacato de la sentencia de amparo.
Como nadie apoyó esta postura, Figueroa terminó votando por el proyecto de Batres, no por la propuesta de Esquivel.
CÓMO VOTARON
Por ordenar un pago inicial inmediato:
– Yasmín Esquivel
– Hugo Aguilar
– Arístides Guerrero
– Loretta Ortiz
Por reenviar al juez para que resuelva sobre avalúo:
– Lenia Batres
– María Estela Ríos
– Giovanni Figueroa
– Sara Herrerías
