La Fiscalía aclaró que la exalcaldesa fue presentada ante un juez tras incumplir citatorios previos, dentro de procesos en curso por presuntos actos de corrupción
Karla Cortez
LA PRENSA
La Fiscalía General del Estado de Coahuila aclaró que la comparecencia de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, corresponde a una orden de presentación emitida por el Poder Judicial dentro de un proceso legal en curso, y no a una detención, orden de aprehensión ni arresto.
El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, explicó que la diligencia se originó luego de que la exfuncionaria no atendiera ni justificara diversas citaciones previas realizadas por un juez para comparecer a audiencias relacionadas con procedimientos abiertos en su contra. Ante esa omisión, la autoridad jurisdiccional emitió la orden correspondiente para garantizar su presencia ante el juzgado.
Precisó que la orden de presentación es una figura legal que permite el traslado de una persona ante la autoridad judicial para el desarrollo de diligencias específicas, sin que implique privación de la libertad. En ese contexto, el acompañamiento policial durante el traslado a la ciudad de Saltillo tuvo únicamente el objetivo de cumplir el mandato judicial.
Fernández Montañez indicó que el caso no corresponde a delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa y que cualquier medida cautelar que pudiera plantearse será analizada y determinada exclusivamente por un juez, conforme a los criterios legales aplicables.
Detalló que los procedimientos se encuentran radicados en la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, donde existen dos carpetas de investigación relacionadas con presuntos actos de corrupción vinculados a la gestión de la exalcaldesa. Dichos procesos son independientes de los requerimientos realizados previamente por la Auditoría Superior del Estado.
Finalmente, el fiscal señaló que el asunto se encuentra en etapa de audiencia inicial y que será la autoridad jurisdiccional quien defina la situación legal de la exfuncionaria, reiterando que la actuación de la Fiscalía se mantiene dentro del debido proceso y del marco legal vigente.
