Por Leo Zuckermann
¿Ya no hay corrupción en México?
La respuesta no puede ser otra: claro que sigue habiendo corrupción en México. No podía ser diferente. Estamos hablando de un problema endémico de este país desde su nacimiento, exacerbado el sexenio pasado por un gobierno federal dirigido por un grupo de políticos insaciables en su apetito por enriquecerse desde el poder.
El presidente López Obrador entendió perfectamente que la población estaba harta de la corrupción y, sobre todo, de los excesos del peñanietismo. Por eso hizo de este tema su eje central de la campaña de 2018 con la promesa de combatir la corrupción como se barren las escaleras: de arriba hacia abajo.
A dos años de tomar posesión, ¿cómo va el país en el combate a la corrupción?
De acuerdo al gobierno, bien. El presidente López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que en su administración “ya no hay corrupción ni blindaje oficial”. En los últimos meses, ha agregado que se terminó la corrupción “en las altas esferas”. Es un matiz, me parece, muy importante. Y creo que tiene razón AMLO en cuanto a la Presidencia se refiere.
A diferencia del sexenio pasado, en que nos enteramos de actos de presunta corrupción al más alto nivel, es decir, del mismísimo presidente, no hemos visto escándalos que involucren al actual jefe del Ejecutivo federal.
Yo sigo pensando, y así lo confirma la evidencia empírica, que es lo único que importa, que a López Obrador lo mueve el poder, no el dinero. No es de los típicos políticos mexicanos que se aprovechan de sus cargos públicos para enriquecerse.
A lo largo de su carrera política, sus opositores le han buscado hasta por debajo de los calcetines y no le han encontrado ningún caso de enriquecimiento ilícito. Si acaso, la única duda que queda es de qué vivió, de manera austera, durante muchos años en los que no tenía un ingreso fijo. Él dice que de recursos partidistas.
Las dudas sobre la corrupción actual comienzan en el siguiente círculo cercano al Presidente. Aquí utilizo fuentes diferentes a las del gobierno, en particular, investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Comienzo con la familia de AMLO. El caso más sonado, por supuesto, es el de su hermano Pío López Obrador, quien apareció en un par de videos recibiendo dinero de un operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para presuntamente financiar la campaña de AMLO en 2018.
También está Concepción Falcón Montejo, cuñada del Presidente, quien, como síndica del ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, tuvo que renunciar por un faltante millonario en las finanzas municipales.
La empresa de una prima del Presidente, Felipa Guadalupe Obrador Olán, se ha beneficiado de contratos asignados directamente por Pemex por más de 365 millones de pesos.
Siguiente círculo: el gabinete presidencial. (Sigo utilizando las fuentes arriba señaladas). Aquí la única involucrada es la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Una empresa de uno de sus compadres reconocidos, Arturo Quintanilla Hayek, consiguió un contrato por casi cinco mil millones de dólares para acondicionar terrenos de la refinería de Dos Bocas.
Nos hemos enterado de tres sospechosos casos de miembros del gabinete ampliado: Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social; Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y, desde luego, el más sonado, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
Dos personajes muy cercanos al Presidente que trabajan directamente para AMLO en Palacio Nacional también han sido mencionados. Alejandro Esquer, su secretario particular, por la presunta utilización de empresas fantasma durante la campaña de 2018. Por el mismo motivo —uso de corporaciones inexistentes en productos para Morena— también ha salido el nombre de Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial.
Un par de superdelegados aparece en la lista de casos dudosos: Pablo Amílcar Sandoval, de Guerrero, y Carlos Lomelí, de Jalisco.
Todos los personajes involucrados, hay que decirlo, son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. El problema es que el gobierno no los está investigando. Esto despierta dudas de hasta dónde quiere llegar el Presidente en la lucha contra la corrupción. Para alguien que prometió erradicarla, no se vale emitir certificados de impunidad por cercanía familiar o política.
