Especial
Un juez federal vinculó a proceso a Alonso Ancira por el delito de lavado de dinero, por un presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, para que Pemex le comprara a Altos Hornos de México (AHMSA) la planta «chatarra» de Agronitrogenados.
Unos minutos antes de la media noche, Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resolvió que la Fiscalía General de la República ofreció los datos de prueba necesarios para presumir que el delito fue cometido y que el empresario probablemente está relacionado al mismo.
Luego de que el juzgador determinara su situación jurídica, su defensa solicitó al juez modificar la medida cautelar, es decir, sustituir la prisión preventiva justificada por la libertad provisional, en virtud de que Pemex aceptó que Ancira le pagara 219 millones de dólares, como parte de un acuerdo reparatorio.
Pasada la media noche, continuaba la audiencia y se debatía si debía o no concederse a Ancira el beneficio de llevar su proceso en libertad. El juez Zúñiga está por dar su veredicto.
Alonso Ancira pactó la tarde del martes un acuerdo reparatorio de 219 millones de dólares con Petróleos Mexicanos (Pemex), a cambio que la Fiscalía General de la República retire la acción penal.
El dueño de AHMSA ofreció desde el 26 de enero pasado un total de 200 millones de dólares para finiquitar su problema legal, suma que equivaldría al sobreprecio que Pemex supuestamente pagó a su empresa por la planta del complejo Pajaritos, en Veracruz.
Ancira fue imputado de lavado de dinero porque supuestamente sobornó con 3.5 mdd a Emilio Lozoya para que la empresa productiva del Estado comprara a AHMSA la planta «chatarra» de Agronitrogenados en 2013.
La FGR sostiene que los 273 millones que se pagaron por esa planta a la empresa de Ancira es 10 veces mayor al costo real.
A su vez, también sostiene que los recursos del aparente soborno fueron empleados por Lozoya para adquirir su casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Este asunto, en principio, fue denunciado por Pemex ante la FGR en marzo de 2019, motivo por el que Pemex tiene la calidad de víctima u ofendida de cualquier delito que pudiera ser fincado.
