Cuentas de líderes del PVEM en Quintana Roo fueron congeladas como parte de una investigación por lavado de dinero y vínculos con la mafia rumana que operaba en zonas turísticas de esa entidad.
De acuerdo con la indagatoria que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones, José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado estatal del Verde, así como empresarios, ex funcionarios y políticos están bajo investigación por presuntamente blanquear dinero del grupo delictivo.
También se solicitó el bloqueo de las cuentas del ex Secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez (Cancún), José Luis Jonathan Yong, en la gestión Remberto Estrada (2016-2018), quien obtuvo esa Alcaldía con la bandera del Verde, así como del titular de la Notaría 37 en Cancún, Naín Gabriel Díaz Medina
En el caso del legislador del PVEM, la investigación lo vincula con Leticia Rodríguez Lara «Doña Lety», supuesta líder del Cártel de Cancún y actualmente presa en Puebla.
El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez es coordinador de la bancada del Verde, presidente de la Comisión de Hacienda y promotor desde el Congreso de la exención de impuestos a nuevos casinos en la entidad.
Es hijo de Benjamín de la Peña Mora, notario que escrituró los dos departamentos que el fundador del PVEM, Jorge González Torres, adquirió en la Torre Emerald, ubicada en la zona hotelera de Cancún, valuados en más de 30 millones de pesos.
En la lista de investigados también figuran personajes colombianos vinculados a Florian Tudor, líder del grupo rumano, acusado de clonar tarjetas bancarias en diversos centros turísticos.
Además la UIF, que encabeza Santiago Nieto, solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias a Adrián Nicolae Cosmin, socio de Florian Tudor, este último identificado como líder de la banda rumana y también a Jonathan Medina Nava, un ex fiscal del fuero común en Quintana Roo.
En lista también aparece Héctor Ortiz Solares, «El H-1 o el Bandido Boss», líder del grupo autodenominado «Bandidos Revolution Team», organización criminal que operaba en León, Guanajuato.
El grupo es señalado de realizar ciberataques al software que conecta a los bancos con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), con los que habrían sustraído millones de pesos a tres instituciones.
En el requerimiento realizado por la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se investiga también al operador político Israel López Salazar, presunto representante del Movimiento Nacional por la Esperanza, red supuestamente liderada por René Bejarano.
Desde 2019, López Salazar enfrenta una serie de denuncias por fraude y asociación delictuosa por defraudar a un grupo de empresarios en Quintana Roo, a quienes pidió sumas de dinero a nombre del Gobierno federal.
También se enlistó a Edy Pérez Escobar, abogado de los rumanos y las empresas Corporativo de Asistencia en Salud Gama, con dirección en Polanco, Ciudad de México, y proveedora del gobierno capitalino, además de Inmobiliaria Crisantemo.
Esa inmobiliaria estaba a nombre de Ricardo Antonio Vega Serrador, «el zar de la gasolina», investigado en 2004 por la entonces PGR por lavado de dinero. Vega Serrador, ligado al ex Gobernador Félix González Canto, otra vez aparece como parte de la investigación y con el bloqueo de sus cuentas bancarias.
En 2010, la empresa fue vendida a Francisco Evodio Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) en el sexenio de González Canto.
A Garibay Osorio y a su hijo Ivan Eliud Garibay Pulido, ex director jurídico del Gobierno del estado en la Zona Norte en la gestión de Roberto Borge, también están bajo la lupa de la UIF y sus cuentas fueron bloqueadas.
