La Fiscalía General de la República deberá entregar información relacionada con el traslado aéreo del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue retornado al País procedente de España en julio del año pasado tras allanarse al proceso de extradición, resolvió el Pleno del INAI.
Entre la información que la Fiscalía deberá poner a disposición de un particular está el parte médico en el cual se asentó que el ex funcionario padecía anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago que ameritaban su traslado a un hospital.
Lozoya, quien está acusado de presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht y de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), estuvo dos semanas internado en un hospital del sur de la Ciudad de México, lo que le permitió no pisar la cárcel, pues en ese inter, pese a ser vinculado a proceso en dos causas penales, se le decretó la libertad condicional.
El comisionado Francisco Javier Acuña, quien fue el ponente del caso, indicó que la información que proporcione la Fiscalía al solicitante permitirá despejar algunas de las dudas que surgieron respecto del regreso de Lozoya al País.
«Olímpicamente, Emilio Lozoya, regresó, se adujo una anemia desarrollado y unos problemas del esófago, sensibilidad en el esófago y se le permitió ir a su casa tranquilamente. Y, mientras tanto, la trama de corrupción pesa sobre la espalda del Estado mexicano y desde luego que irrita a la sociedad», señaló Acuña.
Entre la información solicitada y que la FGR deberá entregar en versión pública, detalló Acuña, está la bitácora de vuelo de la aeronave, el nombre de los funcionarios que viajaron a España por el detenido, los gastos que representó el traslado, así como si se sirvió algún aperitivo durante el vuelo y cuál fue.
Acuña explicó que en su primera respuesta la FGR negó entregar la información argumentando que se trata de datos relacionados con una carpeta de investigación y que por tanto están reservados.
Sin embargo, expuso el comisionado, le es aplicable una de las excepciones que prevé la ley para la reserva de las carpetas de investigación y es que, al tratarse de un caso de corrupción, existen un interés público que, en una ponderación de derechos, permite abrir la información.
«Una vez más (queremos) demostrar que el interés público, en caso como estos, se coloca en el cenit de nuestra visualización técnica y jurídica al momento de resolver. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos tener el énfasis en resolver abriendo lo más que se pueda esta información», enfatizó.
