La ley se aplicará a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por esas causas
Por Staff/Agencia Reforma
La Prensa
MÉXICO.- El Diputado, Jorge Arreaza, Presidente de la comisión especial para el desarrollo e implementación de mecanismos para asegurar el cumplimiento de la Ley de Amnistía, indicó en rueda de prensa que hasta esta mañana los organismos competentes habían recibido 4 mil 203 solicitudes para acceder al beneficio de la amnistía.
Aseguró que tras la evaluación de esas solicitudes se ha otorgado «libertad plena» de momento a 3 mil 52 personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario y que otras 179, que estaban en prisión, también han sido excarceladas.
Refirió que la Ley de Amnistía también establece en esos casos «la extinción de ese delito por el cual estaba siendo procesado o incluso condenado» la persona beneficiada con la norma. Explicó que de momento ninguno de esos pedidos han sido declarados improcedentes.
La amnistía excluye a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves a los derechos humanos y rebelión militar.
La iniciativa, impulsada por la Presidenta encarga, Delcy Rodríguez, fue recibida con desconfianza por familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos, varias de las cuales han exigido que sean liberados de inmediato todos los reclusos por motivaciones políticas.
La ley se aplicará a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por esas causas.
La Mandataria encargada ha expresado su esperanza de que la amnistía sirva para reparar las heridas que ha dejado la larga confrontación política en el país desde la llegada al poder del fallecido Presidente socialista Hugo Chávez en 1999.
El Gobierno niega que existan «presos políticos» y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.
Organizaciones de derechos humanos dicen que es un despropósito que sean los mismos jueces y fiscales que han acusado a personas «injustamente» los encargados de interpretar la ley para otorgar beneficios, en lugar de designar jueces para ese fin.
Los grupos humanitarios también han pedido que se desmantele lo que consideran un sistema represivo al que señalan de las encarcelaciones.
