La Concanaco planteó que, si se logran debilitar las estructuras delictivas, escenarios de referencia contemplan una posible reducción de 10% y 20% en extorsión y otros delitos en zonas de alta presión.
Por: STAFF/PROCESO
Los bloqueos y actos vandálicos registrados tras la muert3 de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), afectaron a un millón de establecimientos comerciales, con un costo económico aproximado de 2 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, explicó que se trata de una estimación preliminar de las afectaciones, concentradas principalmente en las zonas del Bajío-Occidente y parte del Centro del país, regiones que concentran corredores industriales, logística comercial y un alto volumen de pequeñas y medianas empresas.
El impacto también afectó al empleo vinculado. Según la Confederación, la afectación alcanzó a 4.8 millones de personas relacionadas con la actividad económica de la zona, además que, podría registrarse una desestabilización temporal durante semanas o meses.
El presidente de Concanaco subrayó que este episodio es parte de una problemática, la inseguridad genera un costo total de 124.3 mil millones de pesos anuales, equivalente a 0.51% del PIB, de los cuales 54% corresponde a gasto preventivo y 46% a pérdidas económicas directas.
“La extorsión es presión directa sobre la operación: cobros, amenazas y condicionamientos que obligan a ajustar horarios, reducir inventarios, cancelar rutas o frenar inversiones, con efectos en cierres temporales, menor contratación y mayores gastos de protección”, comentó.
De hecho, la extorsión representa aproximadamente el 30% de los delitos reportados por empresas, según la Confederación.
Beneficios de terminar con el clima de inseguridad
La Concanaco planteó que, si se logran debilitar las estructuras delictivas, escenarios de referencia contemplan una posible reducción de 10% y 20% en extorsión y otros delitos en zonas de alta presión.
“Como orden de magnitud, esto podría representar hasta 18.6 mil millones de pesos al año como disminución del costo delictivo para las empresas (equivalente a 0.08% del PIB), sujeto a mediciones oficiales y verificación en campo”, comentó.
