En un escrito dirigido al juez de Nueva York a cargo del proceso, fiscales señalaron que el exlíder debe defenderse con recursos personales o con abogados de oficio
Por Arturo Ángel/Milenio
La Prensa
NUEVA YORK.- El gobierno de los Estados Unidos se opuso formalmente ante una Corte Federal a la intención del ex presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, de pretender costear su defensa privada con recursos públicos del gobierno de dicho país, y pidieron al juez que, en caso de no contar con dinero personal suficiente, se le asigne un abogado de oficio.
Lo anterior fue manifestado a través de un escrito con el que el Departamento de Justicia respondió oficialmente a la moción que presentó el abogado privado de Maduro, Barry Pollack, en la que pedía que el caso contra el ex presidente sea cancelado, argumentando violaciones al derecho fundamental a una defensa adecuada.
En el extenso oficio de 42 páginas, el fiscal en Jefe del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señaló que la petición de la defensa es absolutamente desproporcionada y que la forma en la que pretenden obtener recursos para costear un despacho privado no tiene precedente legal.
Lo anterior, ya que tanto Maduro como Cilia Flores, de forma individual, así como el gobierno de Venezuela, son entidades múltiplemente sancionadas por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos (OFAC), lo que les impide realizar cualquier tipo de operación financiera en jurisdicción estadounidense, y también impide que terceros lo hagan con ello.
En casos en que una persona física sancionada enfrente un proceso penal y desee hacerlo a través de un abogado privado, la OFAC autoriza licencias excepcionales para ello, lo que en este caso ya ocurrió, explicó el fiscal. Sin embargo, esa autorización es para que Maduro lo haga con recursos personales o propios, no con dinero de otro ente que también está sancionado, como en este caso es el gobierno de Venezuela.
“La OFAC ha concedido a los acusados (Maduro y Flores) una excepción a dichas sanciones: la autorización para utilizar sus fondos personales (y conjuntos) para el pago de sus honorarios de abogados. No obstante, la OFAC ha denegado la petición de los acusados de una excepción adicional: permitirles pagar sus honorarios legales mediante un fondo reservado controlado por un gobierno sancionado. Esto se debe a que la normativa de la OFAC prohíbe expresamente el uso de fondos de una entidad sancionada para pagar los honorarios de abogados de otra persona sancionada distinta».
«La denegación de tal solicitud por parte de la OFAC no implica, como alegan los acusados, que el gobierno haya interferido con el derecho a la asistencia letrada de los acusados ni que haya vulnerado sus derechos al debido proceso. Las mociones de desestimación deben ser denegadas” señala Clayton en su escrito.
