• La iniciativa busca estabilidad laboral y reconocimiento profesional para este personal especializado.
• Señaló que el derecho a la educación no se garantiza únicamente con infraestructura o planes de estudio, sino con acompañamiento técnico permanente y profesional.
• En 2019, con la expedición de la nueva ley, se eliminó la posibilidad de nombramiento definitivo y se sustituyó por esquemas temporales de hasta tres ciclos escolares, lo que debilitó la continuidad de proyectos.
El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con el propósito de fortalecer la figura de los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) y garantizar mayor institucionalidad y continuidad en el acompañamiento escolar.
“En el PRI sabemos que la educación mexicana necesita menos improvisación y más institucionalidad; menos temporalidad y más continuidad; menos burocracia y más liderazgo pedagógico”, afirmó el legislador del PRI.
La propuesta busca garantizar procesos públicos, transparentes y equitativos, otorgando nombramiento definitivo tras un breve periodo de desempeño satisfactorio.
Asimismo, Moreira Valdez plantea brindar estabilidad y continuidad, incorporar criterios multifactoriales que reconozcan la antigüedad, la experiencia en zonas marginadas y el desempeño comunitario, así como establecer incentivos y mecanismos de reconocimiento profesional.
“Fortalecer la figura de asesoría técnica pedagógica representará apostar por una escuela que aprende, que reflexiona sobre su práctica y que cuenta con especialistas dedicados a impulsar la mejora continua. Significa también reconocer que el derecho a la educación no se garantiza únicamente con infraestructura o planes de estudio, sino con acompañamiento técnico permanente y profesional”, sostiene en el documento.
Entre las modificaciones, el congresista propone que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas dispongan de medidas para reconocer al personal que ejerza la función de ATP y que destaque por su labor en la zona escolar, la entidad federativa o a nivel nacional, contribuyendo al máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. También se podrán reconocer proyectos educativos colectivos que sobresalgan en esos ámbitos y que aporten a los fines de la educación.
El reconocimiento, expone el exgobenrador de Coahuila, podrá consistir en estímulos económicos, programas de movilidad académica, cursos extracurriculares fuera de su localidad, estudios de posgrado o incentivos para los procesos de promoción previstos en la ley.
El priista enfatizó que no se trata de una simple modificación administrativa, sino de una política estratégica para consolidar un sistema educativo que aprenda de sí mismo, que profesionalice a sus cuadros técnicos y que garantice continuidad institucional en los procesos de mejora escolar.
Recordó que la figura de los ATP surgió en 2013 como respuesta a una necesidad real del Sistema Educativo Nacional: cerrar la brecha entre la política educativa y la práctica en el aula. Sin embargo, en 2019, con la expedición de la nueva ley, se eliminó la posibilidad de nombramiento definitivo y se sustituyó por esquemas temporales de hasta tres ciclos escolares, lo que debilitó la continuidad de proyectos y redujo los incentivos para la profesionalización de largo plazo.
Rubén Moreira subrayó que la evidencia internacional de la OCDE y la UNESCO demuestra que el desarrollo profesional docente con acompañamiento permanente es uno de los factores escolares con mayor correlación positiva en los resultados de aprendizaje, especialmente en contextos de desigualdad social.
