En un intento por enfrentar la crisis de desapariciones en México, el Gobierno federal lanzó un nuevo protocolo de búsqueda que incorpora dos métodos inéditos
Por Nadia Rosales/Agencia Reforma
La Prensa
CD. DE MÉXICO.- En un intento por enfrentar la crisis de desapariciones en México, el Gobierno federal lanzó un nuevo protocolo de búsqueda que incorpora dos métodos inéditos: el uso de «informantes sentenciados» y el rastreo especializado en cuerpos de agua.
La actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda en este 2026 ahora permite que reclusos con sentencia firme entreguen información sobre el paradero de víctimas a cambio de «incentivos legales». Anteriormente, esta posibilidad se limitaba sólo a reclusos con un proceso abierto.
El nuevo lineamiento establece cinco tipos de búsqueda: inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia. Además, elimina el concepto de «persona no localizada» para obligar a la activación de una búsqueda inmediata ante cualquier reporte.
Por su naturaleza, el uso de informantes se restringirá a la búsqueda individualizada. Esta podrá activarse de inmediato cuando el análisis de contexto indique la comisión de un delito o cuando el caso involucre a niños, niñas, adolescentes, mujeres, periodistas o defensores de derechos humanos.
Bajo este esquema, las autoridades ministeriales están obligadas a buscar vías legales que incentiven a los reclusos a colaborar.
«Cuando cualquier autoridad ministerial ejerza acción penal por cualquier delito en contra de una o más personas que puedan tener información relevante para localizar a personas desaparecidas, debe informar a la Fiscalía Especializada y explorar conjuntamente las vías legales disponibles para incentivar la colaboración», detalla el documento.
Asimismo, las Comisiones de Búsqueda locales podrán detectar a posibles informantes durante sus labores diarias -ya sean procesados o sentenciados- y deberán notificar a las Fiscalías para iniciar los esquemas de colaboración.
Sin embargo, el buscador Fernando Vargas advirtió que la legislación actual no permite este tipo de acuerdos en casos relacionados con secuestro o trata.
«Mientras no cambie la ley, no va a ser posible. Nosotros estamos peleando con eso, pero las policías no hacen interrogatorios en ese sentido por temor a vulnerar los derechos humanos de los perpetradores», explicó en entrevista con Grupo REFORMA.
Vargas señaló que las autoridades evitan estos interrogatorios para no incurrir en la nulidad de procedimientos o pruebas. Afirmó que el debate actual de las familias con el Gobierno es que no buscan castigos, sino el regreso de sus seres queridos, por ello, proponen la reducción de condenas como incentivo.
«En vez de 50 años de prisión, a lo mejor te doy 10, pero me das información. Nosotros no queremos formalidades; queremos el derecho a la verdad, a la vida y a la búsqueda de nuestros desaparecidos», sostuvo.
Para medir el éxito de esta apertura, el protocolo obliga a generar informes de resultados que serán enviados a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para evaluar su efectividad.
BÚSQUEDA EN AGUA
Aunque el rastreo de desaparecidos en cuerpos de agua inició hace una década -cuando canales del Estado de México, como el de La Compañía, comenzaron a ser usados para depositar restos humanos-, la tendencia en el Valle de México repuntó desde 2022.
En la Ciudad de México, por ejemplo, durante la pandemia, se localizaron cinco cuerpos en un lapso de siete meses en las inmediaciones de la Pista de Remo y Canotaje Virgilio Uribe. Ante esta realidad, el protocolo incluyó finalmente un método que no había sido contemplado en siete años: la búsqueda en mar y otros cuerpos hídricos.
El Protocolo abarca océanos, zonas marinas, costas, arroyos, ríos, lagos, lagunas, presas, canales y pozos, ya sea en la superficie, bajo el agua o en áreas adyacentes.
En las jornadas donde intervenga la Secretaría de Marina, las autoridades deberán apegarse al sistema de búsqueda y rescate de la Armada de México. Los equipos de trabajo deberán contar, como mínimo, con vehículos marítimos para búsqueda subacuática, drones con cámaras térmicas y buscadores certificados.
Finalmente, el mecanismo obliga a las Comisiones a registrar cada operativo, detallando recursos desplegados y hallazgos, además de implementar formación especializada para capacitar al personal en estas nuevas tareas de rastreo.
