Especial
Un juez federal otorgó una suspensión de plano y de oficio que impide a las autoridades federales confiscar los bienes de Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), quien reclamó que buscaron quitarle una de sus propiedades.
El empresario también obtuvo diversas suspensiones que ordenan que reciba tratamiento médico en el reclusorio Norte, donde permanece interno y se le proteja para impedir un contagio de covid-19.
En estos momentos, su “libertad personal” quedó a disposición del juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, lo cual no implica que saldrá del penal.
El quejoso impugnó que un juez de control no le concedió la medida cautelar de prisión domiciliaria para continuar enfrentando su proceso en libertad por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El empresario promovió dos demandas de garantías que fueron admitidas a trámite por Antonio González García, titular del juzgado antes citado.
Alonso Ancira aseguró que hace unos días unas personas que se identificaron como agentes federales se presentaron en su domicilio manifestado que contaban con una orden para la confiscación de los bienes de su propiedad.
El juez de amparo concedió al quejoso la suspensión de oficio y de plano para el único efecto de que las autoridades responsables no ejecuten la orden de confiscación de bienes, pero dejó claro cuáles son los alcances de su medida cautelar.
«La medida suspensional sólo se circunscribe a, en toda caso, la apropiación violenta por parte de la autoridad, de la totalidad de sus bienes o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo”, explicó el juez.
Sin embargo, bajo ningún supuesto, limita la aplicación de alguna sanción como decomiso o la ejecución de alguna medida cautelar aseguramiento o embargo sobre los bienes de su propiedad, en cuyo caso, derivan del ejercicio legítimo de las autoridades fisco-administrativas o de procuración y administración de justicia, o cuando hayan sido utilizados como instrumento para la comisión de un delito o infracción administrativa.
La semana pasada, José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, vinculó a proceso y decretó prisión justificada contra el empresario por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de un soborno al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin y a Giselle Lozoya.
También determinó que hasta que presente el acuerdo reparatorio aprobado, donde se comprometió devolver a Pemex 219 millones de dólares, se fijará fecha, hora y de audiencia para la modificación de la medida cautelar para determinar si puede enfrentar su proceso en libertad.
La defensa del empresario señaló existe un acuerdo con el Consejo de Pemex, por lo que solicitó que se le permitiera enfrentar su proceso fuera de la cárcel. En la audiencia el juez puntualizó que el delito de lavado de dinero no ha prescrito y que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó las pruebas sobre dicho soborno que realizó el empresario como pago al ex director de Pemex por la compraventa de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.
La FGR imputó a Alonso Ancira por supuestamente sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que Pemex comprara a Altos Hornos de México la planta de Agro Nitrogenados en el complejo Pajaritos, en Veracruz.
