La Mandataria señaló que ambos casos forman parte de los 269 requerimientos formulados por México entre enero de 2018 y mayo de 2026
Por Natalia Vitela/Agencia Reforma
La Prensa
CD. DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum reprochó que el Gobierno de Estados Unidos no ha concedido la extradición de personas solicitadas por México, entre ellas el ex Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, vinculado a una red de factureras.
La Mandataria señaló que ambos casos forman parte de los 269 requerimientos de extradición formulados por México entre enero de 2018 y mayo de 2026, sin que se haya concretado ninguna entrega.
«Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026 a Estados Unidos, 269 requerimientos de extradición, ¿cuánto se han entregado a México? Ninguno, ninguno del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición no han enviado ninguno», afirmó.
El ex Mandatario panista es requerido por autoridades mexicanas por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, tras acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
«Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados, delincuencia organizada, Ayotzinapa, no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México», dijo.
En el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario señalado por su presunta participación en una red de facturación ilegal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, su proceso de extradición tampoco ha sido concedido por autoridades estadounidenses.
Este martes, en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que México ha solicitado reciprocidad en la cooperación judicial bilateral, sin que hasta ahora se refleje en los resultados.
«Es decir, ¿qué pide siempre México? Nosotros reciprocidad, porque no han entregado a ninguno, si son casos relevantes, si hay reciprocidad, nada más como información», planteó.
El Canciller Roberto Velasco informó que, de los 269 casos, 36 han sido negados y 233 permanecen pendientes de resolución en distintas fases del proceso.
«Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos, no ha sido entregado hasta el momento ninguno», expuso.
Detalló que 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a peticiones de detención provisional, de las cuales en 47, Estados Unidos ha solicitado información adicional.
«En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional», señaló.
El funcionario explicó que el tratado bilateral permite a ambos países solicitar pruebas adicionales en cualquier fase del proceso.
«Podemos o tenemos más bien la obligación de solicitar mayor información previa a proceder», afirmó.
Velasco indicó que ninguno de los Estados está obligado a entregar a sus nacionales, por lo que cada solicitud se analiza conforme a su legislación.
«Ninguno de los estados está obligado a entregar a sus nacionales en un proceso de extradición», dijo.
EU también pide pruebas antes de extraditar, dice CSP
Luego de 20 días de exigir pruebas a Estados Unidos para proceder contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios acusados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ese país aplica el mismo criterio antes de conceder extradiciones.
La Mandataria sostuvo que la exigencia de información adicional forma parte de una práctica recíproca entre ambos países y rechazó que esa postura implique falta de cooperación del Gobierno mexicano en materia de justicia, en medio de cuestionamientos por decisiones recientes en solicitudes de detención con fines de extradición.
«Es lo mismo que hace Estados Unidos, cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: ‘preséntanos pruebas’, pero toda la comentocracia: ‘cómo se le ocurre a la Presidenta a pedir pruebas’ si es lo mismo que hace Estados Unidos», dijo.
«Cuando hemos hecho solicitudes de que se extraditen personas que están allá que han cometido delitos a México nos piden pruebas o no los extradita».
Sheinbaum defendió que el procedimiento responde a criterios legales y no a decisiones políticas o presiones externas, al insistir en que la exigencia de pruebas es parte de un proceso establecido en la cooperación bilateral.
«Se toma la decisión de solicitar la orden urgente de detención con fines de extradición del Gobierno de Estados Unidos para decir que nosotros no queremos entregar a nadie y que jamás vienen muchos más y nosotros en su momento dijimos a ver que se presenten las pruebas», señaló.
La Presidenta afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones y actuar en caso de que existan responsabilidades, sin que el Ejecutivo intervenga en el curso de los procesos judiciales.
«La Fiscalía en sus propias investigaciones y si hay responsabilidades que operen que haga su trabajo pero no podemos ser omisos de lo que está pasando y del objetivo final que es ir contra lo que está ocurriendo en nuestro país contra el pueblo de México así de claro», sostuvo.
