La acción responde a la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos y busca resguardar a la población, así como asistir a familias desplazadas que denuncian abandono y viven con temor por los ataques armados
Ante la crisis de violencia que afecta a la región de La Montaña en Guerrero, el gobierno municipal de Olinalá anunció este martes la aplicación de un operativo especial de seguridad junto con las Fuerzas Armadas. Esta medida responde al hallazgo de 19 cuerpos desmembr4dos en tres accesos a la cabecera municipal en menos de dos meses.
El anuncio se dio a conocer a través del primer comunicado oficial emitido por la administración del presidente priista Manuel Sánchez Rosendo desde el estallido de la crisis. La medida fue el resultado de una reunión entre Sánchez Rosendo y Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero.
El operativo acordado incluyó acciones de seguridad, apoyo humanitario y atención social para las comunidades afectadas. Sin embargo, el documento oficial omitió cualquier mención a las cuatro localidades en el centro del conflicto: Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza.
Los 19 mu3rtos que el comunicado no menciona
El primero de estos episodios ocurrió el 31 de marzo, cuando siete hombres desmembr4dos aparecieron en el crucero de la carretera Tlapa-Olinalá, en el tramo que comunica con Cualac.
El 11 de mayo, otros seis cadáver3s en costales se hallaron en la carretera hacia Temalacatzingo. La madrugada del 21 de mayo, seis cuerpos más —también desmembr4dos— aparecieron en la caja de una camioneta Nissan estaquitas roja abandonada a la entrada de Teticic.
El convoy de 40 camionetas y el desplazamiento masivo
Un día antes del último hallazgo, el jueves 21 de mayo, hombres armados privaron de la libertad a seis vecinos de esas comunidades. Sus cuerpos aparecieron horas después en la camioneta.
Al día siguiente, el viernes 22, un convoy de aproximadamente 40 camionetas con civiles armados irrumpió simultáneamente en Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza. Los agresores ingresaron a viviendas, golpearon a personas y revisaron teléfonos celulares. El pánico obligó a cientos de familias a huir hacia la cabecera municipal de Olinalá.
A partir de esos hechos, los desplazados quedaron atrapados entre dos amenazas. Por un lado, sufrieron la violencia de los grupos armados, a quienes la población identificó como parte de la disputa territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos. Por el otro, prevaleció el temor a denunciar, ya que los agresores revisaban los teléfonos de quienes interceptaban y nadie sabía en quién confiar.
Los familiares de las víctimas expresaron su inconformidad al solicitar auxilio durante las irrupciones armadas, las autoridades nunca acudieron. Además, no recibieron orientación sobre el tipo de apoyo que podrían recibir tras verse obligados a abandonar sus hogares.
La postura oficial y lo que deja fuera
El comunicado municipal pide a la población “mantener la calma, permanecer unida y evitar la difusión de rumores o información no verificada”. El Ayuntamiento sostiene que “se ha actuado con responsabilidad, prudencia y coordinación institucional” desde el primer momento.
Asimismo, las autoridades refrendaron el compromiso de trabajar “con firmeza y cercanía, privilegiando en todo momento la paz, la seguridad, la vida y el bienestar” de las comunidades. Sin embargo, es la primera vez que la administración emite una postura pública sobre la crisis, pese a que los hechos se acumulan desde finales de marzo.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió antes del último hallazgo que Olinalá se convirtió en un corredor de alta peligrosidad hacia los estados de Morelos y Puebla, con Teticic como el punto de mayor confrontación por ser paso obligado entre regiones.
Violencia que desborda a Olinalá
La crisis de Olinalá se inscribe en una escalada más amplia. El Consejo Nacional Indígena documentó que Los Ardillos asesinaron a 76 de sus integrantes y desaparecieron a 25 más en la región de la Montaña. Más de 800 familias indígenas abandonaron sus hogares en distintos municipios de Guerrero.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó en mayo que la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos provocó el desplazamiento de al menos 96 personas solo en Chilapa. La violencia, sin embargo, no se detuvo pese al despliegue de fuerzas federales en la región.
Con información de Infobae
