En el sitio perdieron la vida Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal, y Jerónimo García Flores, representante jurídico de Pómaro, quienes realizaban gestiones a favor de su localidad
Iris Velázquez | Agencia Reforma
Tras el ataque armado contra maestros y autoridades comunales que dejó tres muertos y una mujer herida de gravedad en Aquila, Michoacán, se desataron bloqueos carreteros y la quema de vehículos.
La emboscada, perpetrada contra miembros del Consejo Comunal de la comunidad indígena de Pómaro y docentes de educación indígena en la región Sierra-Costa se registró este jueves en el tramo carretero que conecta a las localidades de Colola y Maruata sobre la Carretera 200.
Las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta identificada como propiedad de la autoridad comunal cuando fueron interceptadas y atacadas a balazos por un grupo de hombres armados.
En el sitio perdieron la vida Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal, y Jerónimo García Flores, representante jurídico de Pómaro, quienes realizaban gestiones a favor de su localidad.
Junto a los líderes comunales viajaban dos profesores de nuevo ingreso dedicados a la enseñanza de la lengua purépecha, quienes se dirigían a tramitar sus documentos de validación ante la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Uesicamm).
A consecuencia de los impactos de bala, el docente Felipe de Jesús Martínez, originario de Los Reyes, falleció en el lugar. En tanto, la maestra Adelaida Zacarías Pascual, oriunda de Ocumicho, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital de Maruata, donde su estado de salud se reporta como reservado.
El atentado provocó el enojo de las comunidades originarias. Habitantes de Pómaro iniciaron protestas en la carretera costera, obstruyendo la circulación mediante la quema de vehículos para exigir el esclarecimiento del crimen.
Asimismo, el Concejo Comunal de Arantepakua y el Sector IX de Educación Indígena se solidarizaron con las víctimas, rompieron el diálogo con las autoridades educativas en Morelia y exigieron la destitución de la Secretaría de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, tras denunciar una falta de garantías de seguridad para los docentes que laboran en zonas de conflicto.
Representantes de la comunidad de Pómaro señalaron de manera directa al presidente municipal, José María Valencia Guillén (PVEM), como presunto responsable intelectual de amenazas previas contra sus autoridades.
Según los inconformes, las hostilidades comenzaron luego de que el pasado 27 de abril la comunidad iniciara el proceso legal para constituirse como autogobierno y administrar de forma directa su presupuesto. Aunado a ello, los pobladores acusaron al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) de retrasar deliberadamente el dictamen de validez, por lo que exigieron una investigación por presunta colusión.
En contraste, el Alcalde José María Valencia Guillén emitió un comunicado en el que condenó el ataque y rechazó la impunidad. El Edil calificó el acontecimiento como un acto cobarde que enluta al municipio y al estado, al tiempo que solicitó formalmente a las instancias estatales y federales una indagatoria expedita, transparente y con pertinencia cultural para capturar a los autores materiales e intelectuales.
«Decirles ante estos graves acontecimientos, el respaldo absoluto y total a la comunidad indígena de Pómaro, y a todo nuestro Municipio, manifiesto que no están solos y coadyuvaremos para las investigaciones correspondientes», externó.
Por su parte, organizaciones regionales como la Comisión de Comunicación de Santa María Ostula vincularon esta agresión con la ola de violencia que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene en los límites de la sierra y la costa michoacana.
De acuerdo con las denuncias de las comunidades nahuas, los grupos delictivos han intensificado los ataques armados y el uso de drones con el fin de desplazar a los habitantes y facilitar operaciones de despojo territorial en complicidad con empresas mineras.
Ante la escalada del conflicto, el Secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la administración estatal mantiene una vía de diálogo permanente con los comuneros de Pómaro.
Para atender las demandas de seguridad y justicia, se propuso la instalación de una mesa de trabajo en el Hospital de Maruata, con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE), corporaciones que ya despliegan operativos en la zona para intentar restablecer el orden público.
