Derek Maltz Sr. afirmó que el combate a los cárteles mexicanos está condenado al fracaso mientras persista la corrupción en las instituciones.
El exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Derek Maltz Sr., pidió a las autoridades mexicanas actuar contra funcionarios corruptos que brindan protección a los cárteles de la droga y colaborar con las investigaciones que se siguen en Nueva York contra algunos de ellos.
A través de un video difundido en su cuenta de X, el exfuncionario estadounidense aseguró que la lucha contra los cárteles mexicanos no podrá tener éxito mientras continúe la corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatirlos.
“La lucha contra los cárteles del ‘Terror Mexicano’ no puede tener éxito sin enfrentar la corrupción que los habilita”, afirmó Maltz, quien sostuvo que estas organizaciones criminales dependen de “funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales” para operar actividades como el narcotráfico, eltráfico de personas, el lavado de dinero, la extorsión y la violencia.
Según el exdirector interino de la DEA, cualquier estrategia efectiva para debilitar a los grupos criminales debe incluir investigaciones transparentes, rendición de cuentas para los servidores públicos que colaboren con organizaciones delictivas y una coordinación estrecha entre autoridades de México y Estados Unidos.
“Mientras los actores corruptos sigan protegiendo y lucrando con la actividad de los cárteles, estas empresas criminales se adaptarán y sobrevivirán”, advirtió.
Pide actuar contra funcionarios mexicanos señalados en NY
Maltz también hizo un llamado directo a las autoridades de seguridad mexicanas, encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para detener a los funcionarios y exservidores públicos acusados recientemente por fiscales del Distrito Sur de Nueva York.
“Es hora de que los funcionarios mexicanos liderados por Omar García Harfuch detengan a los funcionarios corruptos que fueron recientemente acusados en el Distrito Sur de Nueva York y los envíen a Nueva York para enfrentar la justicia”, expresó.
Las declaraciones de Maltz tienen lugar luego de que diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, fueron acusados formalmente por Estados Unidos por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó y sancionó la operación de una mina ilegal en el ejido Arroyo del Hacho, municipio de Guanaceví, en Durango. Durante recorridos realizados enla zona, el personal de Profepa constató la existencia de un proyecto de explotación de minerales metálicos, principalmente plata, oro y zinc, que funcionaba sin las autorizaciones federales requeridas.
Estas acciones ocasionaron daños significativos a la vegetación forestal y al equilibrio ecológico de la región.
La Profepa observó instalaciones rudimentarias de maquinaria y equipo utilizadas para la extracción, así como la remoción de vegetación en una superficie de aproximadamente 3 mil 200 metros cuadrados, afectando especies nativas de la zona de transición, en particular pinos y táscate (juniperus).
Este tipo de vegetación es fundamental para la conservación de los suelos, la captación de agua y la provisión de hábitats para la fauna local. La remoción de la cubierta vegetal y la alteración del terreno sin los permisos adecuados representan una amenaza grave para la biodiversidad y la estabilidad ambiental de la región.
Sanciones de Profepa ante estas acciones ilegales
Al solicitar la documentación correspondiente, los responsables del proyecto no pudieron acreditar las autorizaciones en materia de impacto ambiental ni el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ambos trámites obligatorios emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ante esta omisión, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del proyecto, además de asegurar precautoriamente la maquinaria y equipo hallados en el sitio, con el objetivo de frenar los daños y evitar que continúen las actividades ilícitas.
La dependencia federal inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades legales de los involucrados, evaluar el alcance de los daños y garantizar la reparación ambiental correspondiente. Este proceso busca que quienes incumplan la normatividad ambiental enfrenten consecuencias y que se refuercen las medidas de protección y uso sustentable de los recursos naturales.
Las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo son herramientas clave para que los proyectos productivos se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad, minimizando los efectos negativos al entorno y asegurando la protección de la biodiversidad. Cuando se omite su cumplimiento, se incrementa el riesgo de deforestación, erosión, contaminación de suelos y cuerpos de agua, así como la pérdida de hábitats para especies de flora y fauna.
La minería ilegal es una de las principales amenazas para los ecosistemas forestales y comunidades rurales en México. Además de los daños ambientales, suele generar conflictos sociales, afectaciones a la salud pública y pérdida de servicios ambientales esenciales, como la regulación hídrica y la prevención de desastres naturales.
Minería en México
La extracción minera en México es una actividad económica de gran peso, marcada tanto por su relevancia histórica como por controversias sociales, ambientales y legales.
México es líder mundial en la producción de minerales, de acuerdo a datos de Bnamericas, especialmente en la extracción de plata (el primer productor global), oro (alrededor del 3.3% de la producción mundial), cobre (1.8% mundial), entre otros metales estratégicos.
No obstante, la minería, especialmente a cielo abierto, ha sido señalada por daños irreversibles en los ecosistemas, contaminación de acuíferos, pérdida de biodiversidad e incluso desplazamiento de comunidades indígenas.
Se estima que más de 70 áreas naturales protegidas tienen concesiones mineras, lo que ha motivado la férrea oposición de sectores ambientalistas y de derechos humanos y un importante cambio legal para proteger estos territorios
Otro de los grandes desafíos actuales de la minería mexicana es la violencia y el control criminal. Grupos del crimen organizado extorsionan, roban cargamentos y controlan yacimientos, especialmente de oro, plata y cobre, en numerosas regiones (Sonora, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, etc.), lo que desencadena desplazamientos, violencia extrema y presión sobre trabajadores y empresas.
Información de Infobae
