Antonio Molina Díaz, también fue protagonista del desvío de 230 millones de pesos en el sexenio pasado
Por Mathieu Tourliere/Proceso
La Prensa
CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio Molina Díaz, el excolaborador de Genaro García Luna quien fue detenido la semana pasada por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos de las cárceles federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, también fue protagonista del desvío de por lo menos 230 millones de pesos en la llamada Cuarta Transformación, de la mano con Francisco Garduño Yáñez, el actual director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Los contratos fraudulentos estuvieron relacionados con empresas del empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher, el empresario israelí que vendió el spyware Pegasus al gobierno de Peña Nieto y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de López Obrador.
En el arranque de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador nombró a su amigo Francisco Garduño al frente del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR), la institución a cargo de las cárceles federales. Ahí, Garduño conoció a Molina, quien fungía como coordinador de los centros de reclusión desde 2011, en un cargo al que llegó nombrado por Genaro García Luna, entonces todopoderoso secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, condenado por la justicia de Estados Unidos a una pena de cárcel de 38 años por su colusión con el Cártel de Sinaloa.
En el OADPR, Molina había celebrado una serie de contratos multimillonarios para la construcción de ocho nuevas cárceles federales. Parte del dinero de estos contratos fue dispersada en cuentas en el extranjero, incluyendo en las cuentas de los hermanos Jonathan Alexis y Mauricio Samuel Weinberg, socios y presuntos testaferros de García Luna, según determinaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
A pesar del historial de Molina, Garduño mantuvo al funcionario en su cargo, y en junio de 2019, cuando López Obrador nombró a Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) –en el marco de la militarización de la contención migratoria, una política aplicada bajo la presión del presidente estadunidense Donald Trump–, el tabasqueño se llevó a Molina, a quien entregó la dirección general de Control y Verificación Migratoria.
En 2019 y 2020, bajo la gestión de Garduño, Molina firmó una serie de contratos millonarios del INM que implicaron desfalcos de por lo menos 230 millones 578 mil pesos, los cuales terminaron en 26 empresas de papel, como lo documentó Proceso en noviembre de 2021.
En una amplia investigación, que tuvo como punto de partida un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta revista reveló que Molina entregó contratos por 324 millones 371 mil pesos a la red de empresas de Ansbacher. De hecho, durante el sexenio de Peña Nieto, el mismo Molina ya había entregado por lo menos siete contratos por mil 611 millones y 43 millones 470 dólares a las empresas del ciudadano israelí.
En el caso del INM, del monto pagado a las empresas de Ansbacher, más de 200 millones de pesos fueron dispersados en 26 empresas que no tenían empleados ni movimientos relacionados con salarios, y 10 de ellas no habían informado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre sus operaciones; y Proceso documentó que las supuestas empresas tenían sus sedes en edificios vacíos o en espacios de “coworking”.
Aparte, la ASF señaló que el INM amañó las licitaciones y pagó sobrecostos de hasta 122.7% en los supuestos servicios contratados, como la renta de material informático.
Antonio Molina permaneció en el INM hasta junio de 2023, mientras López Obrador mantuvo a Garduño en su cargo como comisionado, a pesar de la demanda presentada en su contra que derivó del incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en marzo de 2023, en el que fallecieron 40 migrantes.
Y no solo esto: pasada la conmoción por la actitud indolente de los agentes del INM, quienes abandonaron a los migrantes encerrados en sus celdas mientras empezaba el incendio, salió a la luz información sobre la gestión irregular de los centros de detención por parte del equipo de Garduño, con adjudicaciones directas de contratos millonarios a empresas de perfil sospechoso.
Garduño salió formalmente del INM en mayo de 2025, impune por el caso del incendio de Ciudad Juárez, y pese a su historial controvertido y al repudio de las organizaciones defensoras de derechos humanos –bajo su gestión, el INM se convirtió en la institución más denunciada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)–, regresó al gobierno en enero pasado, con su sorpresivo nombramiento en la SEP.
Al anunciar su nombramiento, en un cargo con un sueldo neto de 113 mil 207 pesos al mes, Mario Delgado se refirió a Garduño como un “funcionario ejemplar” y aseguró que jugará un papel “fundamental para la reforma a la educación”.
