Familiares de los internos, en Cloete, acusaron que el establecimiento carece de licencias sanitarias y vigentes para operar
Por: Karla Cortez
La Prensa
SABINAS, COAHUILA. — Familiares de internos del centro de rehabilitación «Residencial Volver a Empezar», ubicado en la Villa de Cloete, denunciaron públicamente que el establecimiento opera presuntamente de manera clandestina al no contar con las licencias vigentes para su funcionamiento. Asimismo, los quejosos señalaron graves deficiencias en las condiciones de internamiento, acusando una pésima alimentación basada únicamente en legumbres hervidas y pastas, así como la restricción ilegal de las visitas familiares y la retención de internos cuyos tutores presentan adeudos económicos.
El inmueble albergaba anteriormente al Centro de Rehabilitación «Mano con Mano», cuyo titular, Emiliano García Arellano, fue detenido hace siete meses y actualmente enfrenta un proceso penal derivado de un incidente en el que un interno resultó severamente lesionado tras una presunta agresión física. Tras estos hechos, que involucraron también la captura de tres internos, una nueva administración se adjudicó las instalaciones, modificando la razón social e incrementando la cuota semanal de mil a mil 200 pesos.
En el marco normativo mexicano, todo establecimiento que brinde servicios de tratamiento contra las adicciones requiere de regulaciones estrictas de salud, protección civil y derechos humanos para evitar hacinamientos, maltratos o condiciones insalubres. Trascendió que los únicos permisos vigentes y registrados ante las autoridades sanitarias corresponden a la anterior administración de «Mano con Mano» a nombre de García Arellano; sin embargo, los actuales encargados presuntamente pretenden operar utilizando dicha documentación, una acción que legalmente no es válida ni transferible.
A la par de las quejas por maltrato y falta de regulación, los propietarios del edificio señalaron que la nueva gestión acumula un adeudo de siete meses de renta. De igual forma, los denunciantes alertaron que los tres internos que fueron procesados y señalados por la agresión física ocurrida hace poco más de medio año, ya se encuentran nuevamente dentro de la institución y presuntamente laborando como parte del personal operativo del lugar. Ante esta situación, las familias urgieron la intervención de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de las autoridades estatales para realizar una inspección formal en el sitio.
