No hay detenidos hasta el momento, autoridades ya indagan para encontrar a los culpables
Cinco policías de Nayarit resultaron lesionados tras una agresión de personas armadas cerca de Pachecos, en el municipio de Huajicori, un hecho que volvió a exhibir la presión del narco en la sierra, donde también se arrastraba el desplazamiento forzado de 33 comunidades y alrededor de 100 familias que habían dejado sus casas por la violencia.
Los agentes recibieron atención médica especializada y, hasta ese momento, su estado se reportó como estable. Las valoraciones médicas continuaron para determinar con precisión la evolución y la gravedad de las lesiones de cada uno.
El Gobierno estatal informó que, por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, se brindó atención médica integral a los elementos heridos. La administración aseguró servicios y recursos para su recuperación.
De manera paralela, autoridades estatales y federales mantuvieron un operativo coordinado para localizar y detener a quienes habrían participado en la agresión. En esas acciones intervinieron la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
En Huajicori ya se había registrado una jornada armada con 20 detenidos
La agresión contra los policías ocurrió en una zona donde días antes ya se había registrado una jornada de violencia. El martes 17 de marzo, la cabecera de Huajicori vivió enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, aliado con Los Chapitos, y la facción de Los Mayos por el control territorial.
Los tiroteos obligaron a alumnos y maestros del CBTA 248 a tirarse al suelo dentro de las aulas para resguardarse. Los grupos armados se movieron por el municipio y por la zona serrana del Cerro de la Cruz.
Después de horas de combate, un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, con apoyo de un helicóptero artillado, cercó a los agresores. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 20 sicarios; uno de ellos quedó herido y fue trasladado bajo custodia.
En ese despliegue también aseguraron 12 armas largas, más de 3 mil 500 cartuchos, 75 cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y equipo táctico. En ese episodio no se reportaron bajas entre fuerzas del orden ni civiles heridos.
El Gobierno de Nayarit relacionó esa violencia con la fragmentación del Cártel de Sinaloa después del secuestro de “El Mayo” Zambada. Ese señalamiento colocó el ataque a los policías dentro de una disputa criminal más amplia por el dominio de la sierra.
La violencia también había vaciado 33 comunidades de Huajicori y Acaponeta
La crisis de seguridad en esa franja serrana no solo se reflejó en ataques armados y operativos. Para el 15 de junio de 2026, el crimen organizado había desplazado 30 comunidades de Huajicori y otras tres de Acaponeta, por lo que sus habitantes abandonaron viviendas y actividades económicas sin fecha clara de regreso.
Anselmo Ramírez, integrante de la Unión Wixárika, advirtió que alrededor de 100 familias vivían esa condición. Expuso que recibieron apoyo con alimentos y, en algunos casos, con el pago de rentas, pero ese respaldo resultó insuficiente porque muchas personas ya no tenían empleo ni ingresos para sostenerse por sí solas.
El desplazamiento cortó de golpe la vida económica de esas comunidades. Al salir de sus pueblos, las familias dejaron atrás actividades como la ganadería, la agricultura y el comercio, y pasaron a depender de apoyos gubernamentales y de la ayuda de otras personas para cubrir necesidades básicas.
Aunque en la comunidad de Santa Cruz se inauguró un cuartel de seguridad, los desplazados se resistieron a volver. Consideraron que las condiciones seguían siendo escasas y señalaron que el destacamento todavía no estaba completamente terminado.
Ramírez sostuvo que los grupos delictivos continuaron operando a pocos kilómetros de distancia. Por esa razón, muchas familias prefirieron mantenerse fuera de sus comunidades antes que exponerse otra vez junto con sus seres queridos.
El activista pidió a autoridades de los tres niveles de gobierno reforzar la estrategia de seguridad en la zona serrana. También exigió condiciones que permitieran un retorno seguro de la población desplazada a sus comunidades.
El Gobierno estatal, por su parte, pidió a la ciudadanía mantener la calma, informarse solo a través de canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades competentes.
Información de Infobae
