Especial
La Prensa
El ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue vinculado a proceso por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando por un esquema de huachicol fiscal. La Fiscalía General de la República (FGR) también consiguió esta misma medida para otras 7 personas que estarían relacionadas con el hecho.
El exfuncionario y otros perfiles que presuntamente estarían involucrados en el hecho fueron detenidos la semana pasada en diversas partes, enviados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y luego a distintos penales.
Los sospechosos fueron capturados por parte del Gabinete de Seguridad, “como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron”.
En este sentido, hubo varios segmentos de audiencia por este posible esquema de delincuencia organizada y contrabando, pero no fue hasta la madrugada de este jueves que concluyó, luego de que la FGR mostrara cerca de un centenar de pruebas que tenían en contra del exmandatario.
En el caso de Ernesto Ruffo, Ricardo Thompson, José María de la Peña, Juan Hermilo y Luis Barrientos, fueron vinculados a proceso y deberán permanecer en el penal del Altiplano; José María Peña y Guillermo de la Peña, también fueron procesados, pero en prisión domiciliaria por motivos de salud; mientras que Adriana Magali, seguirá internada en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
¿Cuáles son los casos por los que acusan a Ernesto Ruffo?
De acuerdo con la tarjeta informativa del Gabinete de Seguridad, Ruffo Appel es investigado por estar relacionado con grandes operaciones de contrabando de combustible, las cuales se habrían hecho a través de una de sus empresas.
Ruffo Appe es identificado como el principal accionista mayoritario de la empresa Ingemar, firma relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente relacionado con huachicol fiscal.
Previo a su captura, el panista manifestó públicamente que su empresa únicamente maneja la logística de importación y el papeleo aduanal en la frontera.
El exgobernador panista estaría involucrado en al menos dos casos importantes de huachicol fiscal, uno de los esquemas criminales modernos más lucrativos que involucra redes de transporte de hidrocarburos, corrupción de autoridades aduanales, vínculos con organizaciones criminales y la emisión de facturas falsas.
Solo para el caso de Ingemar, la firma está relacionada con la entrada irregular de 15 millones de litros de hidrocarburo que fueron asegurados en dos operativos en Coahuila, cuando eran transportados en 129 ferrotanques.
“En ambas acciones, las unidades no contaban con los documentos que acreditaran su legal traslado y procedencia lícita, por lo que de los hechos se informó al agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso para realizar las indagatorias subsecuentes”, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un comunicado tras el aseguramiento a inicios de julio de 2025.
Además, a Ingemar se le vincula con otro par de aseguramientos de huachicol en Tamaulipas, por unos 7 millones de litros de combustible.
¿Qué es el huachicol fiscal?
Entre las acusaciones específicas por las que señalan al exgobernador está el contrabando supuestamente de hidrocarburos, delito que se le conoce popularmente como huachicol fiscal. Pero… ¿De qué trata?
El equipo del periodista y conductor de noticias de MILENIO Alejandro Domínguez definió al huachicol fiscal como un método de importación irregular de combustible con el que los operadores pasan el combustible a México para no pagar impuestos. Las principales características de este modus operandi son:
asan el combustible a México con documentación falsa.
Hacen pasar el combustible por aceite u otros líquidos o sustancias para no pagar impuestos.
Obtienen el combustible de excedentes vendidos al mercado negro.
Una vez que el hidrocarburo llega a México, se procesa en el país para posteriormente comercializarlo en otras partes del mundo o en el mercado ilegal nacional.
