- No aportan elementos para acreditar su viabilidad financiera y las medidas propuestas ya están previstas en la ley: diputada Rojo Pimental
La Comisión de Bienestar, que preside la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), aprobó por 22 votos a favor y cuatro en contra el dictamen en sentido negativo a la iniciativa que planteaba adicionar el artículo 19 Bis a la Ley General de Desarrollo Social en materia de protección del ingreso y canasta básica de los hogares populares, presentada por la diputada Fuensanta Guadalupe Esquivel Guerrero (PRI).
La diputada Rojo Pimentel dijo que la iniciativa no aporta los elementos suficientes para acreditar su viabilidad financiera ni permite realizar la valoración del impacto presupuestario que exige el marco jurídico.
Agregó que el dictamen en sentido negativo tiene como propósito salvaguardar la naturaleza de la Ley de Desarrollo Social y perseverar el esquema de planeación democrática previsto en la Constitución Política garantizando que las modificaciones al marco legal respondan a los criterios de viabilidad jurídica, financiera e institucional.
La iniciativa proponía incorporar dentro de la política de desarrollo social un programa nacional de protección del ingreso y canasta básica de los hogares populares, orientado a prevenir el deterioro del consumo esencial de las familias ante inflación, desempleo, emergencias sanitarias, climáticas, económicas o disminución abrupta del ingreso.
Tendría como finalidad proteger el acceso efectivo a alimentación nutritiva y de calidad, medicamentos esenciales, transporte básico, energía doméstica, útiles escolares, conectividad mínima y bienes indispensables para la vida cotidiana.
Asimismo, prever apoyos temporales, progresivos y transparentes en dinero o en especie, conforme a disponibilidad presupuestaria y reglas de operación; vincular los apoyos con acciones de empleo, capacitación, salud preventiva, educación financiera, cooperativismo, economía social y acceso a mercados locales.
Al respecto, la diputada Rojo Pimentel señaló que la responsabilidad de la Comisión no consiste únicamente en compartir los fines que persigue una iniciativa, sino verificar que la propuesta sea jurídica, presupuestaria e institucionalmente viable y bajo esta premisa dicho dictamen se presenta en sentido negativo.
Destacó que la Ley General de Desarrollo Social tiene como finalidad establecer los principios, objetivos, competencias y mecanismos de coordinación que orientan la política social del Estado mexicano, y el artículo 26 constitucional y la Ley de Planeación establecen que el diseño, implementación y actualización de los programas gubernamentales deben realizarse mediante los instrumentos de planeación del Estado.
Agregó que este esquema permite que las políticas públicas se adapten a las condiciones económicas, sociales y presupuestarias del país sin necesidad de reformar la ley.
A su vez, el diputado Cristian Mishel Castro Bello (PRI) mencionó que el fondo de esta iniciativa no significa inmovilizar al gobierno, sino sentar las bases para que los instrumentos de planeación tengan logros reales y de beneficios para las familias que menos tienen, establecer en la ley el deber del Estado de contar con mecanismos permanentes para proteger el ingreso de las familias.
Por ello, consideró que en lugar de desechar la iniciativa se debe enriquecer y si existen observaciones de técnica legislativa hacer los ajustes necesarios, “si es preciso perfeccionar su redacción para armonizarla con la Ley de Planeación hagámoslo, pero no cerremos la puerta”.
De Morena, la diputada Karina Margarita del Río Zenteno se refirió a las declaraciones de la titular del Ejecutivo Federal, en el sentido de que en México la inseguridad alimentaria se ha reducido en 16 por ciento, con lo que el país registra actualmente el nivel más bajo de su historia y esto tiene que ver con todos los programas de bienestar que se han puesto en marcha.
Simplificación administrativa de programas sociales
Por otra parte, la Comisión aprobó por 23 votos a favor y cuatro en contra el dictamen en sentido negativo a la iniciativa que adicionaba el artículo 77 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, relativo a la simplificación administrativa para el acceso a programas sociales de personas con discapacidad, particularmente con trastorno del espectro autista.
Esta propuesta establecía que, en la operación de programas sociales dirigidos a personas con discapacidad, particularmente aquellas con trastorno del espectro autista (TEA), las autoridades debían observar que el diagnóstico clínico emitido por institución pública o profesional certificado sería suficiente para acreditar la condición de discapacidad.
Prohibía la duplicidad de requisitos documentales cuando estos ya obren en registros gubernamentales, las dependencias debían implementar mecanismos de interoperabilidad de información y los trámites serían gratuitos, accesibles y preferentemente digitales.
Sobre este proyecto que impulsaba la diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez (Morena), Rojo Pimentel subrayó que luego de un análisis jurídico y legislativo se llegó a la conclusión de que el sentido del dictamen debe de ser negativo, no porque su objetivo sea incorrecto, sino porque las medidas que propone ya se encuentran previstas en el marco jurídico vigente.
Especificó que la Ley General de Desarrollo Social ya prohíbe cualquier práctica discriminatoria dentro de los programas sociales y reconoce el derecho de las personas beneficiarias a recibir un trato respetuoso oportuno y libre de discriminación.
De ahí que el sentido negativo del dictamen no debe interpretarse como un rechazo a la causa, sino como una decisión técnica legislativo que busca perseverar la coherencia del marco jurídico y evitar duplicidades normativas privilegiando mejor aplicación de la legislación vigente.
El diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) se manifestó a favor de los programas que benefician a las personas con capacidades diferentes, pero no en duplicar lo que ya se contempla dentro de la ley, toda vez que lo que se requiere es que haya mayor transparencia.
La diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca (Morena) relató que desde el año pasado se ha solicitado que se reconozca y apoye a las personas con espectro autista, porque muchas no pueden acceder a la beca Benito Juárez y los padres de familia tienen que costear la educación privada.
Propuso trabajar más a fondo con la Comisión de Salud con los grupos vulnerables y reconocer el espectro autista como padecimiento o enfermedad.
Publicado por R Z
